La escena es insólita: el gobernador Rogelio Frigerio habla ante la Asamblea Legislativa de un “presupuesto sin precedentes en la historia reciente” para la obra pública, y pocas horas después la propia Cámara de la Construcción le baja el precio a la épica oficial y describe lo que hay como “96 obritas”, comparándolo con “pasarle membrana al techo”.
No es la oposición. Es el núcleo empresario que históricamente concentró las grandes contrataciones del Estado provincial.
La Cámara sale a cruzar el discurso oficial como si fuera un actor neutral, como si representara solo técnica y productividad. Pero no es un club de arquitectos académicos: alberga a los principales contratistas que ejecutaron la obra pública entrerriana durante años. Empresas que atravesaron investigaciones judiciales en las causas más resonantes de la historia reciente de la construcción en la provincia. Varias con antecedentes de probation; otras mencionadas en expedientes por irregularidades contractuales.
Y sin embargo, siguen contratando.
Esa es la contradicción más fuerte. La Cámara critica el volumen actual, pero el gobierno continúa adjudicando obras a firmas que fueron parte —directa o indirectamente— del sistema cuestionado. Si la historia reciente dejó expedientes, acuerdos judiciales y sospechas estructurales, ¿por qué no hay un cambio profundo en los criterios de selección?
Frigerio no puede hablar de nueva etapa y, al mismo tiempo, sostener el mismo ecosistema empresarial sin filtros adicionales. Y la Cámara no puede presentarse como víctima de la escasez cuando fue protagonista de la abundancia que terminó bajo la lupa judicial.
Entonces la pregunta es simple y concreta:
¿Y si empezamos a discutir ficha limpia para empresas?
Así como se exige integridad para candidatos, ¿por qué no exigir estándares reforzados para quienes contratan con el Estado? Certificaciones de integridad, antecedentes libres de condenas por corrupción, límites estrictos a firmas con probation en delitos contra la administración pública, publicación obligatoria de historial contractual y cumplimiento tributario.
Si la obra pública es política de Estado, también debe ser política de integridad.
Porque si hoy solo hay “membrana”, no alcanza con discutir el espesor del parche. Hay que discutir quién construye, bajo qué reglas y con qué antecedentes.
Y en esa discusión, ni el gobierno ni la Cámara pueden mirar para otro lado.
