La Cumbre del MERCOSUR en Paraná (16 y 17 de diciembre de 2014) fue, en términos diplomáticos, un evento de agenda y foto: Consejo del Mercado Común un día, “cumbre” de presidentes al siguiente, y comunicado conjunto. En términos entrerrianos, fue otra cosa: una máquina de contratar, pagar y cerrar rápido —a cualquier precio— en nombre de la urgencia.
La Cumbre del MERCOSUR realizada en Paraná en diciembre de 2014 fue presentada como un hito institucional para Entre Ríos. Durante 48 horas la provincia se convirtió en sede del bloque regional: estuvieron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, José Mujica y Nicolás Maduro —ya consolidado como figura central del chavismo tras la muerte de Hugo Chávez—. La agenda diplomática se cumplió con normalidad. Hubo discursos, comunicados conjuntos y protocolo. La postal más recordada fue casi anecdótica: Evo Morales llegó antes que el resto, se mezcló con la escena local y hasta jugó un partido en el Club Olimpia con un equipo encabezado por Sergio Urribarri. Fue un episodio simpático, casi folclórico. El problema es que lo anecdótico terminó siendo la cumbre, y lo estructural fue lo que vino después.
Porque mientras los presidentes se fueron en cuestión de horas, la maquinaria provincial quedó funcionando a toda velocidad. El evento había activado un régimen excepcional de contratación. La urgencia justificó mecanismos abreviados, contratación directa y una operatoria concentrada. Ese es el punto central: la cumbre no fue solamente un acontecimiento político internacional, fue una oportunidad económica extraordinaria dentro de un sistema de obra pública que ya venía mostrando rasgos de concentración y dependencia de un núcleo reducido de empresas.
Los números permiten dimensionar el fenómeno. El gasto provincial vinculado al operativo rondó los 152 millones de pesos de 2014. Si se lo traduce al tipo de cambio oficial de diciembre de ese año —aproximadamente 8,50 pesos por dólar—, la cifra equivale a casi 18 millones de dólares. Dieciocho millones de dólares para un evento que, en términos reales, duró dos días. Ese dato no es menor ni retórico: en una provincia con serias limitaciones presupuestarias, esa magnitud de recursos representaba infraestructura concreta, inversión pública estructural o políticas sociales sostenidas en el tiempo. En cambio, quedó asociado a un operativo circunstancial que luego dio origen a una causa penal por presuntos sobreprecios.
La investigación determinó que una porción sustancial de las contrataciones había quedado en manos de un conjunto reducido de firmas vinculadas históricamente a la Cámara de la Construcción entrerriana. Nombres como Caballi, Szczech, CEMYC y OICSA aparecieron reiteradamente en el circuito de pagos. La hipótesis fiscal se centró en diferencias entre lo facturado al Estado y los costos reales asumidos mediante subcontrataciones. Se habló de más de diez millones de pesos en sobreprecios estimados. Hubo allanamientos, secuestro de documentación, imputaciones y años de trámite judicial.
El caso parecía destinado a convertirse en un juicio oral emblemático sobre la obra pública en Entre Ríos. No ocurrió.
En 2022, los principales empresarios involucrados accedieron a la suspensión del juicio a prueba, la conocida probation. Pagaron en conjunto diez millones de pesos, realizaron aportes a instituciones y evitaron la realización del juicio. No hubo condena penal firme. No hubo sentencia que estableciera responsabilidad empresaria con efectos de inhabilitación para contratar con el Estado. El expediente se cerró para ellos mediante una salida alternativa prevista por la ley, pero que en la práctica operó como una válvula de descompresión política.
El problema no es solamente jurídico. El problema es estructural. Porque la Cumbre del MERCOSUR no fue el único expediente donde esos nombres aparecieron. En los años siguientes, otros procesos vinculados a obra pública municipal y provincial volvieron a mostrar a las mismas empresas como protagonistas. En varios casos, las salidas volvieron a ser probations. Se acumularon suspensiones del juicio, se integraron plazos, se cumplieron reglas de conducta y los expedientes se extinguieron.
En otras palabras, la probation dejó de ser una herramienta excepcional y se convirtió en una forma recurrente de resolución de conflictos penales en el ámbito de la contratación pública entrerriana. Cuando un empresario sabe que el peor escenario probable es pagar una suma negociada, realizar aportes institucionales y evitar el juicio, el riesgo penal se transforma en un costo operativo más. Y cuando ese empresario continúa siendo adjudicatario en gobiernos sucesivos, el mensaje institucional es inequívoco: la estructura no se altera.
Del lado estatal, el expediente también produjo consecuencias. Alicia Benítez de Feltes, vinculada a la operatoria institucional de la cumbre y luego titular de Vialidad Provincial, terminó con condena condicional e inhabilitación. Pero tampoco hubo un debate oral extenso que expusiera el circuito político completo. El cierre fue por vías abreviadas, con responsabilidades delimitadas individualmente y sin una reconstrucción pública integral del sistema.
Diez años después, el dato relevante no es que la cumbre haya ocurrido bajo un gobierno determinado. Pasó bajo Urribarri. La investigación avanzó bajo Bordet. La provincia hoy es gobernada por Rogelio Frigerio. Sin embargo, las empresas que conforman el núcleo histórico del sector siguen activas, siguen participando en mesas sectoriales y siguen siendo protagonistas de la obra pública. Cambian los discursos, cambian los colores partidarios, pero la estructura empresarial permanece.
La causa MERCOSUR 2014 es emblemática porque exhibe con claridad el funcionamiento de ese entramado. No es un expediente aislado ni una anomalía administrativa. Es un caso testigo de cómo opera el vínculo entre política y contratistas en Entre Ríos: concentración, contratación excepcional, investigación prolongada y cierre sin condena empresaria firme.
La pregunta que queda abierta no es jurídica sino institucional: ¿qué incentivo real tiene un sistema para reformarse cuando las consecuencias finales no alteran la continuidad del negocio? La obra pública es una de las herramientas más potentes del Estado provincial. Si quienes concentran su ejecución pueden atravesar múltiples causas penales sin perder capacidad de contratar, el mensaje que se consolida es que el riesgo está acotado y administrado.
La Cumbre del MERCOSUR fue un evento diplomático de dos días. Lo que reveló, en cambio, fue un mecanismo que lleva más de una década funcionando. Y lo que la vuelve verdaderamente grave no es el pasado, sino el presente: la continuidad de los mismos actores en el centro de la obra pública entrerriana.
Eso es lo que convierte a aquel diciembre de 2014 en algo más que una anécdota con presidentes y un partido de fútbol. Lo convierte en el caso que explica por qué, diez años después, el sistema sigue intacto.
