Que un intendente monte un operativo político-judicial a partir de comentarios en redes sociales es una señal preocupante del deterioro del debate público. No porque la violencia verbal sea aceptable —no lo es—, sino porque no todo exabrupto digital constituye una amenaza real, y mucho menos justifica el despliegue del aparato penal como herramienta de comunicación política.
Una amenaza, en términos serios, debe ser concreta, verosímil y capaz de generar un riesgo cierto. No alcanza con una frase agresiva, una bravuconada o un comentario fuera de lugar en una red social. Si todo se transforma en “amenaza”, el concepto se vacía y la respuesta del Estado pierde proporcionalidad.En este caso, el propio avance de la investigación revela que no se trató de un ataque específico ni exclusivo, sino de expresiones dirigidas también a otros funcionarios, en un contexto de disputa política.
Eso no exonera responsabilidades individuales, pero sí obliga a una lectura más prudente.
Para ese tipo de situaciones existen respuestas civiles, administrativas y digitales, sin necesidad de sobreactuar un rol de víctima ni de judicializar el disenso.
El problema es doble cuando este tipo de episodios se instala en la agenda pública mientras la ciudad atraviesa decisiones sensibles, como despidos o conflictos sociales no resueltos. La sensación es que se discute el ruido de las redes mientras se esquivan los problemas reales de la gestión. Y eso erosiona la confianza pública.En democracia, quienes ejercen el poder tienen más recursos, más visibilidad y mayor capacidad de respuesta que cualquier ciudadano.
Por eso, también tienen la obligación de tolerar un umbral más alto de crítica, incluso cuando es incómoda o injusta. Utilizar el aparato penal para administrar el debate político no fortalece la institucionalidad: la debilita.
Nadie propone naturalizar la agresión ni el anonimato violento. Pero victimizarse, amplificar y judicializar lo que claramente pertenece al terreno del conflicto político y comunicacional no es el camino.
El poder debe gobernar, no dramatizar. Y la Justicia debe intervenir cuando hay peligro real, no cuando conviene correr el eje de la discusión.
