Mientras los delitos aumentan y la confianza en las instituciones cae, el ministro de Seguridad y el procurador general se cruzan flores en los medios. El show oficial contrasta con una provincia marcada por crímenes sin resolver, policías delincuentes y fiscales que archivan causas de corrupción.
Robos con uniformes oficiales, desapariciones sin esclarecer, muertes violentas en aumento y denuncias de corrupción dormidas por años. En lugar de enfrentar la crisis, las máximas autoridades de seguridad y justicia en Entre Ríos prefieren aplaudirse entre sí. La ciudadanía, mientras tanto, espera respuestas que no llegan.
Delitos en aumento y causas sin resolver
Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, los homicidios aumentaron un 25% durante 2023, pasando de 32 a 40. Las ciudades de Paraná y Concordia concentraron el 75% de estos crímenes. Durante 2024, solo en el departamento Paraná se registraron 16 muertes violentas, cifras que confirman una tendencia alarmante.
Este 2025 en la capital provincial se han registrado numerosos homicidios incrementando la tasa mensual.
Uno de los casos que expone la falta de respuestas estatales es la desaparición de Enrique Fabiani, un jubilado santafesino de 74 años que fue visto por última vez el 4 de junio de 2024, cuando salió a cazar en un campo del departamento Villaguay. A pesar de las promesas iniciales, el caso continúa impune y las autoridades provinciales han guardado un preocupante silencio.
Escándalos en la Policía: uniformes oficiales, robos y encubrimiento
La situación dentro de las fuerzas de seguridad es igualmente preocupante. En julio del año pasado, dos agentes de la Policía de Gualeguay fueron imputados por integrar una banda que robaba viviendas rurales. Utilizaban patrulleros, armas reglamentarias y uniformes oficiales. El caso provocó el relevo completo de la cúpula de la Jefatura Departamental de Gualeguay.
Roncaglia, visiblemente superado, pidió disculpas públicas y prometió una reforma de fondo. Sin embargo, desde entonces, poco y nada se ha avanzado en materia de depuración interna o reestructuración de la fuerza.
Resolución de “mano dura” que llega tarde y apunta al público equivocado
Como parte de una estrategia más comunicacional que judicial, el procurador Jorge García difundió este mes una resolución fechada en febrero –pero conocida recién en abril– en la que insta a sus fiscales a actuar con “mano dura”, solicitando prisión preventiva inmediata para personas detenidas in fraganti o con antecedentes penales.
El problema es que los fiscales no son quienes deciden la prisión preventiva: eso lo hace el juez de garantías. Lo que sí pueden –y deben– hacer los fiscales, es cumplir la ley, sostener acusaciones serias, investigar con diligencia y no archivar causas sensibles.
Denuncias que duermen y blindajes mutuos
Las órdenes tardías del procurador no hacen más que evidenciar la necesidad de tapar el malestar creciente por varias denuncias por corrupción que han dormido durante años en los despachos del Ministerio Público Fiscal.
Entre ellas se encuentra la denuncia por el caso “Contratos Truchos II”, donde hasta ahora sólo se ha juzgado a funcionarios menores, mientras los vínculos políticos de fondo siguen intocados. También el escandaloso video que muestra al senador nacional Edgardo Kueider contando fajos de dinero en la Casa de Gobierno –archivo exprés por “inexistencia de delito”, según García–, y la denuncia del intendente Daniel Rossi por corrupción en el IOSPER, presentada en 2018 y aún sin avances, pese a que en 2025 una intervención oficial confirmó todos los hechos.
El telón de fondo: impunidad y simulacro institucional
Lejos de enfrentar estas cuestiones con la seriedad que ameritan, Roncaglia y García parecen haberse encolumnado detrás de una estrategia mutua de protección. En vez de fortalecer las instituciones, la respuesta parece ser un acting público de apoyo recíproco, en medio de una crisis que exige autocrítica y cambios profundos.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste a una provincia cada vez más insegura, con policías que roban, fiscales que no investigan y jueces que miran para otro lado. El simulacro institucional ya no alcanza: la gente exige respuestas.
