El sistema de fotomultas en Entre Ríos ya no puede explicarse como una simple política de prevención. Una sola empresa, Brocart S.A., aparece concentrando un servicio millonario que procesa entre 5.000 y 7.000 infracciones mensuales y cobra alrededor de 800 millones de pesos por mes, mientras al Estado le queda apenas una parte de lo recaudado. El antecedente bonaerense, con el escándalo que terminó con la renuncia del ministro massista Jorge D’Onofrio y una causa judicial por presuntas maniobras con multas y VTV, obliga a mirar con lupa qué se instaló en la provincia.
La pregunta es simple: ¿las fotomultas están para salvar vidas o para fabricar caja?
En Entre Ríos, según publicó Diario Junio, el sistema de detección y registración de infracciones en rutas provinciales quedó en manos de Brocart S.A., una empresa privada que desde hace años presta el servicio tecnológico a la Policía provincial. La cifra es obscena: en meses como abril, mayo y junio, la firma habría cobrado más de 810 millones de pesos mensuales por el servicio. El sistema procesa entre 5.000 y 7.000 fotomultas por mes.
Brocart se presenta públicamente como una compañía dedicada a “cámaras y radares inteligentes”, “sistemas de gestión”, “integración de sistemas” y, especialmente, servicios para organismos públicos, incluyendo administración, notificaciones, intimaciones y gestión de cobranza. Es decir: no solo pone tecnología; participa en la arquitectura operativa del negocio.
El problema no es controlar la velocidad. El problema es cuando el Estado resigna soberanía, delega funciones sensibles, terceriza recaudación y transforma la seguridad vial en un esquema financiero donde el ciudadano queda atrapado entre radares, boletas, intimaciones y porcentajes.
Lo ocurrido en Provincia de Buenos Aires debería funcionar como alarma. Allí, el escándalo de las fotomultas terminó con la renuncia de Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, dirigente alineado con Sergio Massa. La investigación judicial incluyó sospechas sobre eliminación irregular de multas, VTV, gestores, empresas y reparto de fondos.
Más grave aún: en la causa bonaerense se investigó la contratación de CECAITRA, con 155 cámaras en municipios como La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. Según la acusación citada por Infobae, habría facturado sin la correspondiente autorización legal el producido de infracciones de tránsito. También se detectaron cinemómetros “sin acto administrativo”, es decir, sin respaldo formal suficiente.
Después vino la auditoría. El Ministerio de Transporte bonaerense ordenó revisar cómo se distribuían los fondos de las multas entre Provincia, municipios, empresas, universidades y fundaciones. En la práctica, según esa información, los municipios recibían entre 24% y 30%, la Provincia un 20%, y el resto se repartía entre operadores del sistema y empresas proveedoras.
Ese es el espejo que Entre Ríos no quiere mirar.
Porque cuando una provincia permite que una empresa privada recaude cifras gigantescas con fotomultas, la pregunta institucional es inevitable: ¿quién controla al controlador?, ¿quién audita la homologación de los equipos?, ¿quién verifica los contratos?, ¿quién revisa los porcentajes?, ¿quién garantiza que no haya un sistema armado para recaudar y no para prevenir?
El modelo que el massismo instaló y terminó estallando en Buenos Aires no puede repetirse silenciosamente en Entre Ríos. Si allá hubo renuncia, imputaciones, allanamientos y auditorías, acá no alcanza con decir que todo es “seguridad vial”.
Hay que abrir los contratos. Hay que publicar los convenios. Hay que informar cuánto recauda Brocart S.A., cuánto queda para el Estado, cuánto va a la Policía, cuánto se destina realmente a prevención vial y cuántos radares están debidamente homologados.
Porque una cosa es cuidar vidas. Otra, muy distinta, es montar un peaje invisible sobre la desesperación económica de los entrerrianos.
Y si el Estado solo se acuerda del ciudadano cuando pasa frente a una cámara, entonces no estamos frente a una política pública: estamos frente a un negocio.
