La causa que investiga a dos hombres acusados de abusar sexualmente de sus propio hijo y nieto (respectivamente) desde edad temprana volvió a quedar demorada en la ciudad de La Paz, luego de una audiencia de elevación a juicio atravesada por apelaciones cruzadas, fuertes tensiones entre las partes y cuestionamientos al rol del Ministerio Público Fiscal y del propio Poder Judicial.
El expediente tiene como imputados a Hernán Ezequiel Barrios y otro acusado, quienes enfrentan gravísimas imputaciones por presuntos abusos sexuales reiterados cometidos contra un niño de entre 3 y 4 años de edad. Según la acusación impulsada por la querella, los hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia familiar prolongada y extrema vulnerabilidad de las víctimas.
Durante la audiencia desarrollada en La Paz, el juez Diego Rodríguez resolvió conceder los recursos de apelación interpuestos tanto por el defensor Roberto Alsina —abogado de los imputados— como por el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, querellante y representante legal de la madre de los menores.
El conflicto procesal gira en torno a varios ejes sensibles: la discusión sobre la necesidad de que el caso sea ventilado mediante juicio por jurados, las calificaciones penales que pretende sostener la querella, y el intento de apartamiento de la representación querellante.
La querella denuncia una maniobra para excluirla del proceso
Uno de los puntos más controvertidos de la audiencia fue la decisión del magistrado de disponer el apartamiento de la querella, situación que fue inmediatamente cuestionada por el Dr. Reggiardo, quien sostiene que la medida forma parte de una secuencia de hostigamientos institucionales dirigidos contra abogados que denuncian irregularidades judiciales y fiscales en la provincia.
Sin embargo, la propia resolución judicial terminó habilitando una contradicción procesal significativa: al concederse las apelaciones y devolverse parcialmente la causa a una etapa investigativa, el expediente vuelve a abrirse, permitiendo nuevamente que el fiscal reformule acusaciones y que la querella pueda intentar reconstituirse formalmente en el proceso.
En los hechos, esto implica una nueva paralización del avance hacia el juicio oral.
Críticas al rol del fiscal: “nula participación” y desacuerdos con la querella
La actuación del Ministerio Público Fiscal también quedó bajo fuertes críticas. La querella cuestionó especialmente la intervención del fiscal —titular en Gualeguay y trasladado a La Paz por razones políticas, según denunciaron— señalando que mantuvo una participación prácticamente inexistente en aspectos centrales de la audiencia.
El conflicto entre fiscalía y querella se profundizó por las diferencias respecto de la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de que el caso llegue a un juicio por jurados populares.
Desde la representación de la madre sostienen que existe una tendencia a “licuar” la magnitud institucional del caso y evitar una exposición pública integral de las acusaciones.
Violencia económica, alimentos y un entramado judicial cuestionado
A la complejidad penal se suma otro elemento denunciado por la querella: una presunta situación de violencia económica vinculada al incumplimiento alimentario, cuestión que —afirman— el Ministerio Público no habría querido investigar.
El dato genera aún mayor controversia porque el mismo magistrado que interviene en la causa penal también posee competencia en cuestiones vinculadas a alimentos y familia dentro de la jurisdicción.
Además, el expediente arrastra antecedentes delicados: el juez que anteriormente intervino durante varios años en la tramitación del caso terminó reconociendo una relación de amistad íntima con los acusados, circunstancia que derivó en su apartamiento y que profundizó las sospechas sobre la imparcialidad con la que se condujo históricamente la investigación.
Un proceso cada vez más demorado
Mientras las apelaciones avanzan hacia instancias superiores, la situación vuelve a colocar a las víctimas y a su entorno familiar frente a un escenario de incertidumbre y desgaste.
La causa, que originalmente apuntaba a encaminarse hacia juicio oral, queda ahora nuevamente atrapada en discusiones procesales, nulidades, redefiniciones acusatorias y conflictos entre los operadores judiciales.
Para la querella, el problema ya no se limita únicamente a los hechos denunciados, sino al funcionamiento institucional que —según sostienen— termina favoreciendo demoras estructurales y debilitando el acceso efectivo a justicia en causas de abuso sexual infantil de extrema gravedad.
