En Córdoba, a 19 años del femicidio de Nora Dalmasso, el Jurado de Enjuiciamiento decidió algo muy simple y muy revolucionario para los estándares entrerrianos: admitir por unanimidad las denuncias contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por mal desempeño y negligencia grave.
Es decir: poner bajo la lupa a quienes manejaron una causa emblemática, que terminó impune, con escenas de crimen arruinadas, hipótesis disparatadas y un viudo absuelto por falta de pruebas. El sistema cordobés, con todos sus defectos, manda un mensaje claro: los fiscales no son dioses, pueden ser investigados y eventualmente removidos si arruinan una investigación.
Mientras tanto, en Entre Ríos, el discurso oficial sigue siendo el de siempre: no hay que “molestar la paz de los jueces”, no hay que “difamar” al Honorable Jurado de Enjuiciamiento, hay que cuidar la investidura. El Colegio de la Abogacía y la Junta de Cortes han salido más de una vez a blindar al Jurado, reclamando respeto casi reverencial hacia un órgano integrado por magistrados, legisladores y colegas “que han actuado conforme a la Constitución”.
En la práctica, esa “paz” suele significar otra cosa: denuncias desestimadas in limine, causas cajoneadas, y un muro corporativo cuando el denunciado no es un perejil sino alguien bien pegado al poder.
El contraste es brutal si uno mira los papeles. La Ley 9283 y su actualización definen al Honorable Jurado de Enjuiciamiento como el órgano encargado de enjuiciar y eventualmente remover a magistrados, fiscales, defensores y altos funcionarios de control, con la facultad de admitir o desestimar denuncias.
Sobre el papel, Entre Ríos tiene un mecanismo moderno, republicano, casi de manual. Pero cuando ese mecanismo se pone a prueba con nombres propios del sistema de poder, el resultado es otro: la máquina institucional se mueve para archivarlo todo prolijamente y explicar que, en realidad, no pasó nada.
El caso de la denuncia contra el Procurador General Jorge Amílcar García, presentada por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, es un ejemplo incómodo que hoy vuelve a cobrar sentido. El propio Jurado entrerriano reconoció su competencia, tramitó la denuncia, corrió vista… y al final concluyó que no había elementos suficientes para formar causa y decidió desestimar la denuncia.
Es decir: el mecanismo se activó, pero no para investigar hasta las últimas consecuencias al jefe de los fiscales, sino para cerrar prolijamente el asunto y devolverlo al circuito político del juicio político, donde todo se diluye en negociaciones de pasillo y equilibrios de casta.
En Córdoba, la familia de Dalmasso y la de Marcelo Macarrón consiguieron algo que en Entre Ríos se vuelve casi ciencia ficción: que un Jury se siente a evaluar si hubo mal desempeño en una investigación que dejó un femicidio sin responsables, después de haber imputado al famoso PEREJIL, haber puesto al hijo de la víctima en la picota sin prueba seria, y haber fabulado teorías de avionetas y sicarios sin sustento probatorio.
Acá, cuando se toca al poder, la reacción no es revisar el mal desempeño, sino disciplinar a quien denuncia, amonestar al que habla demasiado, y escribir editoriales institucionales contra los “escraches” y los “ataques a la Justicia”.
El direccionamiento de la causa llego que se vendan miles de remeras sobre la víctima. Lápidas en la opinión pública por obra y gracia de loa FISCALES CORRUPTOS.
El caso de la jueza Etienot, que denunció haber sido sometida a un “tribunal especial” y marcó irregularidades en su propio jury en Entre Ríos, también expone el doble discurso: el mismo órgano que se vende como garante de la independencia judicial es cuestionado por funcionar, en los hechos, como una mesa política donde se decide quién cae y quién se salva.
Un día sirve para destituir a quien molesta a cierto entramado de poder; otro día se convierte en bunker de protección para quienes integran ese entramado. Siempre, eso sí, en nombre de la “paz” y la “institucionalidad”.
Lo que muestra el jury en el caso Nora Dalmasso es que, cuando hay voluntad política y social, los mecanismos de control pueden usarse para lo que fueron creados: revisar a los que mandan dentro del sistema penal, no solo a los de abajo. En Entre Ríos, en cambio, la señal que baja es otra: no se cuestiona a los fiscales que se alinean con el poder, no se investigan seriamente las conexiones entre causas penales, negocios, contratos y carreras judiciales, y al Jurado se lo invoca para blindar, no para transparentar. La “paz de los jueces” termina siendo, demasiadas veces, la paz de los impunes.
Tal vez por eso, cada vez que en Entre Ríos alguien se anima a nombrar al Jurado de Enjuiciamiento, a recordar sus decisiones en casos como el del Procurador García o a reclamar por denuncias archivadas sin explicación razonable, no se lo escucha como un llamado a mejorar la Justicia, sino como una amenaza al orden corporativo. Mientras Córdoba se anima –tarde, pero se anima– a sentar en el banquillo a tres fiscales por haber arruinado una investigación histórica, Entre Ríos sigue discutiendo si es “de buena educación” señalar que sus jueces y fiscales también se equivocan, también abusan y también deben rendir cuentas.
En algún momento la provincia va a tener que decidir de qué lado quiere estar: si del lado de los Nora Dalmasso, de las Micaelas, de las víctimas anónimas que se quedan sin verdad, o del lado de la “paz” entendida como silencio, miedo y obediencia. Porque el jury que hoy funciona en Córdoba es también un espejo incómodo para Entre Ríos: muestra lo que podría hacerse acá… si el mandato no fuera cuidar a los de arriba, sino proteger a la sociedad.
