El Portal de Ricardo David es, desde hace años, uno de los pocos medios provinciales que se anima a poner nombre y apellido allí donde otros sólo hablan en voz baja. No es un multimedio financiado por la pauta oficial, sino una redacción chica, incómoda, que vive de publicar documentos, expedientes y contratos que muchos preferirían seguir viendo archivados. Esa vocación por contar lo que pasa detrás de las puertas del poder lo colocó ahora en el centro de una denuncia penal por presunta “violación de correspondencia” (artículo 153 del Código Penal), a partir de sus investigaciones sobre el negocio de las mutuales entrerrianas.
La acusación no es inocente ni aislada: forma parte de una tendencia clara a criminalizar el periodismo de investigación cuando se mete con bolsillos sensibles. El portal no interceptó cartas privadas, ni se metió en la intimidad de nadie: publicó información surgida de un expediente administrativo oficial del IOSPER, obtenido por el mecanismo de acceso a la información pública. Es decir, usó una herramienta legal para exponer cómo funcionan las mutuales que descuentan cuotas directamente del salario de los trabajadores estatales.
Del expediente del IOSPER al corazón del negocio
Según reconstruyó el propio Ricardo David, en abril de 2024 el portal publicó dos notas donde detallaba el mecanismo financiero de las mutuales agrupadas en la Federación Entrerriana de Mutuales (FEDEM). Detrás de la fachada de “economía solidaria”, se montó un sistema de préstamos a tasas usurarias garantizados por el Estado: las cuotas se cobran en origen, mediante códigos de descuento que se aplican sobre los haberes de empleados públicos y afiliados al IOSPER.
El IOSPER respondió un pedido de informes y remitió el expediente con el listado de códigos autorizados a estas entidades. Allí aparecen claves como “Devolución FEDEM”, “Aporte-Cuota FEDEM” y “Descuentos varios FEDEM”, que aseguran a las mutuales un recupero automático del dinero prestado, sin riesgo de morosidad. Todo amparado por un acuerdo transaccional firmado con el gobierno provincial en 2021 y homologado judicialmente en 2022, que consolidó el esquema.
Lo que el portal hizo fue lo que cualquier medio comprometido con la verdad debería hacer: tomar un expediente público, traducirlo a lenguaje llano y mostrarle a la sociedad quiénes son los verdaderos beneficiarios de ese negocio montado sobre la necesidad de miles de trabajadores.
Quién es el “Chiqui Tapia entrerriano”
En el centro de esa trama aparece un nombre: Adrián Bruffal, presidente de la entidad que agrupa a las mutuales entrerrianas y hoy bautizado, no por capricho, como “el Chiqui Tapia entrerriano”. El paralelo que traza la nota es claro: ambos surgieron de orígenes humildes y ambos terminaron convertidos en poderosos dirigentes deportivos y financieros.
Claudio “Chiqui” Tapia empezó como barrendero en un municipio del Gran Buenos Aires y terminó en el sillón de la AFA, señalado en múltiples denuncias por manejar una financiera ligada a préstamos usurarios y presunto lavado de dinero con los clubes de fútbol. Bruffal, por su parte, fue empleado de baja categoría en la Municipalidad de Paraná y hoy es titular de la Mutual Modelo, dueña de códigos de descuento para otorgar créditos con intereses altísimos a empleados provinciales y municipales, y presidente de la Federación Entrerriana de Mutuales (FEDEM), desde donde se articula buena parte de estos negocios.
El portal recuerda además que Bruffal es la mano derecha del empresario Miguel Marizza, beneficiado con una probation en una causa de corrupción en tiempos de la gestión Urribarri, y que acumula, al igual que Tapia, un patrimonio difícil de explicar sólo con el sueldo de dirigente: viajes al exterior, autos de alta gama, propiedades. Todo mientras preside también el club Patronato de la Juventud Católica, replicando el modelo donde el deporte se mezcla con la ingeniería financiera.
Junto a Bruffal aparece una constelación de nombres: el sindicalista Pedro Comas, que pasó de bañero de club a multimillonario y tesorero de la FEDEM; el exintendente de María Grande Hugo Main, que dejó una banca en el Senado en medio de un escándalo pero no tuvo problemas en seguir cerca del negocio mutual. La historia del “Chiqui Tapia entrerriano” es, en realidad, la historia de un grupo de dirigentes que encontraron en las mutuales un atajo para seguir haciendo política y dinero al mismo tiempo.
Cuando informar se convierte en delito
Frente a todo esto, la respuesta de los poderosos no fue aclarar su situación patrimonial ni transparentar los balances de las mutuales, sino denunciar al medio que los expuso. La figura elegida es el artículo 153 del Código Penal, que castiga la apertura y divulgación de correspondencia privada. Pero aquí no hubo cartas, ni mails interceptados, ni chats filtrados: hubo un expediente administrativo entregado por un organismo oficial en el marco del derecho de acceso a la información pública.
La Constitución Nacional garantiza en su artículo 14 el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa, y el artículo 32 prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta; el Pacto de San José de Costa Rica y la Ley 27.275 refuerzan el derecho ciudadano a conocer cómo se usan los recursos públicos. Pretender que la publicación de un expediente oficial es “violación de correspondencia” no sólo es un disparate jurídico: es un mensaje disciplinador hacia todo el periodismo provincial que se anime a mirar dónde no debe.
Lo que está en juego en esta causa no es sólo la situación de un portal. Es la posibilidad de que cualquier medio entrerriano, grande o chico, pueda investigar a los que se enriquecen con contratos, concesiones, mutuales o financieras al amparo del Estado, sin terminar sentado en el banquillo por haber contado lo que encontró en un expediente público.
Investigar a las mutuales, no silenciar a la prensa
Si de verdad hay vocación de justicia, la lupa no debería ponerse sobre el periodista que publicó el informe de IOSPER, sino sobre el circuito de préstamos usurarios y lavado de dinero que ya está bajo la mira del propio gobierno nacional y de la Justicia Federal en otros casos, como el de la Mutual 10 de Abril, intervenida por el INAES y vinculada a maniobras de presunto lavado de activos.
El “Chiqui Tapia entrerriano” no es una caricatura simpática: es el símbolo de una forma de hacer negocios con la miseria ajena, disfrazando de solidaridad lo que en el fondo es un engranaje más de la financiera paraestatal que se montó sobre el sueldo de los trabajadores entrerrianos. Que hoy se intente callar al medio que lo cuenta habla más del poder de ese entramado que de la solidez de la denuncia.
Mientras tanto, El Portal de Ricardo David hace lo que debe hacer un medio provincial comprometido con la verdad: seguir publicando documentos, contando historias incómodas y recordando que, por más causas penales que inventen, el delito nunca puede ser informar, sino usar las estructuras del Estado para enriquecerse a costa de quienes menos tienen.
