Los medios entrerrianos presentan como gesto republicano que Gustavo Bordet “permita” allanamientos en sus propiedades, cuando en realidad los fueros no existen para proteger fortunas bajo sospecha. El problema no es sólo el exgobernador: es el blindaje mediático que lo rodea.
Los medios entrerrianos acaban de descubrir una nueva forma de heroísmo institucional: abrirle la puerta de la casa a la Justicia cuando uno está investigado por enriquecimiento ilícito. En el caso de Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, esa decisión fue presentada casi como un acto de arrojo cívico. “No se amparará en sus fueros”, titularon en coro, como si permitir un allanamiento fuera una ofrenda patriótica y no una mínima conducta esperable de cualquier funcionario público bajo sospecha.
El problema no es sólo Bordet. El problema es el cerco mediático que lo rodea. El problema es ENZ, Malvasio y compañía, y toda esa maquinaria que durante años supo golpear cuando convenía y callar cuando el poder ordenaba bajar el volumen. Los mismos medios que en otros casos publican patrimonios, viajes, gastos y contradicciones con tono de escándalo, ahora envuelven a Bordet en una narrativa de colaboración institucional.
Y conviene aclararlo para que no haya confusión: señalar esta doble vara no significa defender a Manuel Adorni. Adorni también es parte de una casta política que se enriqueció, viajó, cobró del Estado y construyó poder desde la exposición pública mientras predicaba austeridad ajena. Es otro chorro del sistema, más berreta, más ratero, más obsceno en su impostura. La diferencia es que a él lo despedazan mediáticamente, mientras a Bordet lo tratan con guantes de seda.
Ahí está la verdadera hipocresía. Cuando el señalado es un funcionario nacional incómodo o un personaje útil para la grieta, los medios hacen arqueología patrimonial: revisan declaraciones juradas, viajes, autos, departamentos, dólares, contrataciones y vínculos. Pero cuando el apuntado es Bordet, que gobernó Entre Ríos durante ocho años, que amasó una fortuna incompatible con la vida pública austera que quiso vender, que acumuló inversiones millonarias en blanco y que aparece rodeado de viajes al exterior, pesca en destinos exclusivos y propiedades bajo sospecha, entonces el relato cambia.
De golpe, la noticia no es la fortuna. No son los inmuebles. No son los dólares. No son los viajes. No son los vínculos políticos, judiciales y empresariales construidos durante años desde el poder. La noticia pasa a ser que Bordet “no se ampara en sus fueros”. Como si los fueros fueran una caja fuerte personal. Como si un legislador pudiera usarlos para impedir que la Justicia revise su patrimonio. Como si la Constitución hubiera creado privilegios para proteger casas, campos, cuentas y sociedades.
Los fueros no fueron diseñados para robar impunemente. No existen para frenar allanamientos patrimoniales ni para blindar a exgobernadores enriquecidos. Su finalidad es proteger la función legislativa: evitar detenciones arbitrarias por la actividad parlamentaria y garantizar la libertad de expresión política. No son un seguro contra investigaciones por corrupción.
Por eso resulta obsceno presentar como “gesto republicano” lo que debería ser una obligación básica. Bordet no está haciendo un sacrificio por la democracia. Está respondiendo, tarde y bajo presión pública, a una investigación que hace rato exige explicaciones.
La pregunta que los medios deberían hacerse no es si Bordet abre la puerta. La pregunta es qué hay detrás de esa puerta, cómo llegó ahí y por qué durante tantos años casi nadie quiso mirar.
