Paraná entrega luminarias y Victoria responde con artistas. Sin criterios de valuación, sin explicación económica y con más marketing que gestión, el acuerdo expone una preocupante liviandad en el manejo de recursos públicos.
En una escena que parece más cercana a una feria de intercambio que a la administración moderna del Estado, la Municipalidad de Paraná y la de Victoria firmaron un convenio que, lejos de mostrar planificación, abre serios interrogantes sobre la racionalidad —y la legalidad— de las decisiones públicas.
El anuncio fue presentado con tono institucional: cooperación entre municipios, agenda común, fortalecimiento cultural. Pero cuando se desarma el contenido real del acuerdo, la narrativa empieza a hacer ruido.
Paraná se compromete a proveer luminarias para mejorar el alumbrado público en Victoria. Hasta ahí, una política concreta, medible, con impacto directo en la seguridad y calidad de vida. Del otro lado, la contraprestación consiste en la disponibilidad de “cuerpos artísticos municipales”: banda, coro y talleres folklóricos, sujetos a disponibilidad, para eventos organizados en Paraná.
La pregunta es inmediata y elemental: ¿cuánto vale un coro frente a una luminaria?
No es una chicana. Es el núcleo del problema.
El Estado no puede operar bajo lógicas simbólicas cuando administra recursos públicos. Toda erogación debe tener respaldo técnico, valuación objetiva y equivalencia económica verificable. De lo contrario, se ingresa en un terreno donde la discrecionalidad reemplaza a la legalidad.
Si el convenio no establece con precisión cómo se cuantifica el valor de las prestaciones culturales, ni bajo qué parámetros se determina la equivalencia con bienes físicos adquiridos mediante procedimientos administrativos, el acuerdo deja de ser una herramienta de cooperación para convertirse en una decisión arbitraria.
Y ahí ya no estamos frente a una anécdota pintoresca, sino ante un posible problema de administración de fondos públicos.
El otro punto crítico es el procedimiento. Los convenios intermunicipales no son espacios de improvisación política. Requieren encuadre normativo, intervención de áreas técnicas, control interno y, en muchos casos, aprobación legislativa. No alcanza con la firma y la foto.
Porque detrás de cada luminaria hay un proceso de compra, un presupuesto, una afectación de recursos. Y detrás de cada prestación cultural, si se pretende que sea parte de una contraprestación estatal, debe existir una estructura de costos, planificación y trazabilidad.
Nada de eso aparece en la comunicación oficial.
Lo que sí aparece es una constante cada vez más frecuente: la sustitución de gestión por relato. Cuando no hay obras estructurales, cuando no hay resultados medibles, se recurre a acuerdos de alto impacto simbólico pero de dudosa consistencia técnica.
El problema es que el Estado no puede gestionarse como una puesta en escena.
Porque mientras se intercambian luminarias por espectáculos, lo que está en juego no es solo una decisión administrativa discutible. Es algo más profundo: la naturalización de que los recursos públicos pueden manejarse sin criterios claros, sin transparencia y sin rendición real.
Y en ese punto, el problema deja de ser el convenio.
Pasa a ser el modelo de gestión que lo hace posible.
