La entrevista concedida por Fernando Isaías Cañete a Cuestión de Fondo, replicada por Análisis el 12 de marzo de 2026, intenta instalar una idea sencilla: que la crisis empezó ahora, que OSER está peor y que el pasado merece una suerte de absolución por contraste. Ese relato no resiste el menor ejercicio de memoria.
Es cierto que OSER nació en medio de un cuadro crítico y que ya acumula quejas por prestaciones, coberturas y accesibilidad. La propia ley de creación, la 11.202, fue sancionada el 6 de junio de 2025 después de la intervención de IOSPER dispuesta por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2024, con Mariano Gallegos al frente. Nadie serio puede sostener que la transición salió limpia ni que hoy los afiliados viven una normalidad ejemplar.
Pero una cosa es decir que OSER funciona mal, y otra muy distinta es permitir que esa crisis sirva para lavar la historia de quienes condujeron durante años el viejo IOSPER. Porque el problema de fondo no empezó ayer. El problema viene de una estructura que durante mucho tiempo fue denunciada por discrecionalidad, por opacidad y por haber convertido la salud de los entrerrianos en una caja de poder. Eso no lo inventó este gobierno ni apareció de la nada en 2025: Domingo Daniel Rossi y Carlos Guillermo Reggiardo habían presentado una denuncia ya en agosto de 2018, y luego ampliaron esas acusaciones en diciembre de 2024 y abril de 2025, apuntando, entre otros, a Silvio Alejandro Moreyra y Fernando Isaías Cañete.
Tampoco eran denuncias vagas. En esas ampliaciones se pidió reabrir la investigación archivada, realizar una auditoría integral del IOSPER, revisar contratos con Meditar SA y otros prestadores desde 2006, e impulsar una investigación patrimonial exhaustiva sobre las ex autoridades. Es decir: había nombres, períodos, circuitos administrativos y un señalamiento persistente sobre el modo en que se había administrado la mayor obra social de la provincia.
Y en 2025 aparecieron elementos todavía más graves. La intervención denunció irregularidades en el circuito de prótesis, habló de un esquema dilatorio y de connivencia con prestadores, informó sobre 1.041 prótesis cobradas y no entregadas, y esos hallazgos derivaron en una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Gonzalo Badano. Al mismo tiempo, auditorías oficiales reportaron irregularidades en la compra de medicamentos, con pérdidas estimadas por la intervención en más de 22.000 millones de pesos. Todo eso está en el terreno de la investigación y de la controversia pública, pero existe, está documentado y no puede barrerse debajo de la alfombra cada vez que alguien quiere comparar el presente con un pasado idealizado.
Lo más obsceno de toda esta historia es que, mientras se discuten cajas, sellos y nombres, los afiliados siguieron y siguen sufriendo. La cuestión de los amparos lo demuestra con crudeza. Durante 2024, IOSPER difundió cifras millonarias vinculadas a abogados que litigaban contra la obra social; pero la respuesta del Colegio de la Abogacía fue demoledora: el problema no eran los amparos, sino el servicio. En marzo de 2025, incluso la Justicia entrerriana advirtió al organismo que debía tomar recaudos para evitar que las personas tuvieran que promover amparos sucesivos para acceder a prestaciones crónicas. Cuando una obra social obliga a judicializar la salud, ya fracasó en lo esencial.
Por eso el punto central no es salir a defender a OSER como si fuese una maravilla. No lo es. Pero tampoco aceptar que la política entrerriana nos empuje a elegir entre el desorden actual y la reivindicación de quienes administraron durante años un sistema bajo sospecha. Esa falsa opción es funcional a todos los que quieren reducir el debate a una pelea entre bandos, cuando en realidad lo que está en juego es algo mucho más básico: la salud de los trabajadores, de los jubilados y de sus familias.
La discusión de fondo no puede ser OSER versus IOSPER, ni Gallegos versus Cañete, ni la interna entre quienes hoy controlan la obra social y quienes la controlaron ayer. La discusión de fondo es por qué en Entre Ríos la salud de los afiliados terminó tantas veces subordinada a estructuras políticas, redes de protección y negocios que, cuando estallan, dejan siempre el mismo saldo: demoras, amparos, tratamientos interrumpidos, sospechas de corrupción y afiliados convertidos en rehenes.
No, el presente de OSER no obliga a blanquear el pasado del IOSPER. Y no, los entrerrianos no tienen por qué resignarse a que la obra social sea apenas una pelea entre facciones. Si hubo saqueo, debe investigarse hasta el final. Si hoy hay ineptitud, también debe decirse. Lo que no se puede tolerar es que la crisis actual sirva de excusa para rehabilitar a quienes ya fueron denunciados, auditados y alcanzados por sospechas públicas gravísimas. Porque cuando la política convierte la salud en botín, los que pagan siempre son los enfermos.
