La causa Contratos Truchos no puede seguir limitada al relato cómodo de que todo fue obra exclusiva del PJ (dueño del poder en los ultimos 20 años y fundador de un aparato politico judicial corrupto solo comparable con Provincia de Buenos Aires). Durante los años del saqueo también hubo dirigentes opositores que ocuparon cargos, manejaron estructura, tuvieron contratados, callaron a tiempo y hoy pretenden posar de fiscales de la República.
La causa Contratos Truchos ya dejó de ser solamente un expediente sobre empleados fantasmas, firmas apócrifas y plata pública evaporada. La investigación principal ubica la maniobra entre 2008 y 2018, con un desfalco estimado en más de 53 millones de dólares, y desde fines de 2025 el Ministerio Público Fiscal abrió una línea paralela para avanzar sobre las responsabilidades políticas de aquella década. Eso significa una cosa muy simple: ya no alcanza con mirar a los que cobraban; hay que mirar también a los que mandaban, convivían, toleraban y se beneficiaban del sistema.
Y ahí aparece un problema que la política entrerriana sigue queriendo esconder bajo la alfombra: la oposición también fue parte del paisaje de esos años. No llegó después del derrumbe. No cayó de un plato volador cuando estalló el escándalo. Estuvo ahí, caminó los mismos pasillos, compartió la misma Legislatura, vio el mismo mecanismo y, en demasiados casos, se acomodó bastante bien dentro de ese mundo.
Uno de los nombres inevitables es Raymundo Kisser. La fecha importa, porque acomoda el mapa político y termina con las confusiones: el 11 de febrero de 2016, el Senado de Entre Ríos informó que Adán Bahl reunió a los titulares de bloque y allí figuró Kisser como presidente del bloque Cambiemos. No era un suplente, no era un comentarista externo, no era un dirigente de segunda línea. Era una de las principales referencias opositoras en la Cámara alta durante los años finales del esquema que hoy se investiga como una estafa monumental.
Eso no habilita a inventarle delitos. Pero sí obliga a hacer la pregunta correcta: ¿qué controló, qué denunció, qué dijo y qué hizo la conducción opositora mientras la Legislatura funcionaba como una trituradora de fondos públicos? Porque si durante una década se podía saquear el Estado desde contratos legislativos, no alcanza con decir, años después, que nadie sabía nada. Esa coartada ya no resiste ni una lectura política seria.
Otro nombre que destruye el verso de la oposición ajena al sistema es Amado Fuad Sosa. ANÁLISIS publicó en 2023 que Sosa, histórico referente del personal legislativo y dirigente radical, reconoció que dos hijas suyas trabajan en la Legislatura: una ingresada en la gestión de Guillermo Guastavino y otra en la de Adán Bahl. No es un detalle menor ni una anécdota familiar. Es la prueba de que la frontera entre oposición, estructura legislativa y acomodo fue bastante más porosa de lo que hoy conviene admitir.
Por eso la discusión de fondo no pasa sólo por si hubo o no responsabilidad penal individual en cada caso. Pasa por otra cosa: hubo toda una dirigencia opositora que convivió cómodamente con el régimen de nombramientos, contratos y privilegios de la Legislatura, y que ahora quiere hablar del escándalo como si hubiera sido una víctima colateral. No. Fueron parte del ecosistema. Algunos más cerca, otros más lejos. Pero nadie puede hacerse el distraído después de diez años de convivencia institucional con esa maquinaria.
En ese cuadro también entra Esteban Vitor, que hoy levanta la bandera de la transparencia. En septiembre de 2024 declaró públicamente que estaba de acuerdo con que la Legislatura informara quiénes eran sus asesores y contratados. El problema no es esa frase. El problema es el tiempo verbal. Porque reclamar transparencia después de que el escándalo explotó es cómodo; lo difícil era hacerlo durante los años en que el sistema funcionaba. Y si, como sostienen desde hace tiempo distintas publicaciones y denuncias políticas, hubo contrataciones ligadas a entornos familiares y a estructuras opositoras, entonces Vitor no puede pararse por afuera de la historia como si nada tuviera que explicar.
La sociedad entrerriana tiene derecho a preguntarse por qué tantos dirigentes que hoy hablan como moralistas profesionales guardaron silencio cuando la plata salía en camiones invisibles de la Legislatura. Tiene derecho a saber quiénes tenían asesores, a quiénes nombraban, qué controlaban y cómo evolucionaron patrimonialmente algunos apellidos mientras el expediente hoy habla de una estafa superior a los 53 millones de dólares. Eso es lo que vuelve insuficiente la explicación judicial clásica: no se trató sólo de una banda de tarjeteros, monotributistas y prestanombres. Se trató también de una cultura política de convivencia con el saqueo.
Y ahí el nombre de Juan Domingo Zacarías también merece un lugar. En 2024 quedó públicamente mencionado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que incluyó allanamientos en el EPRE. Ese dato no prueba por sí mismo una conexión penal directa con Contratos Truchos, pero sí vuelve imposible fingir que ciertos nombres de la política entrerriana no deben ser revisados cuando se discute el recorrido del dinero, la evolución patrimonial y el entramado de favores que rodeó al poder durante esos años.
Ése es el punto que la provincia todavía no se anima a decir en voz alta: mientras desaparecían más de 50 millones de dólares, no sólo robaban algunos; también prosperaban muchos. Y en ese mientras tanto hubo opositores que hicieron carrera, consolidaron poder, ocuparon espacios decisivos y jamás rompieron de verdad con el sistema. Después llegó el momento de los comunicados, de las declaraciones indignadas, de la transparencia retroactiva y del republicanismo de ocasión. Pero para entonces la plata ya se había ido.
La causa, entonces, tiene una deuda política además de judicial. No alcanza con sentar en el banquillo a los ejecutores más visibles. También hay que llamar a los dirigentes de la oposición que convivieron con el mecanismo durante los años de los contratos truchos, a los que tuvieron estructura, a los que ocuparon cargos, a los que nombraron gente, a los que callaron y a los que hoy todavía creen que pueden posar de espectadores inocentes.
Porque en Entre Ríos el problema no fue solamente una banda.
Fue un sistema.
Y en los sistemas largos, sucios y millonarios, los que miran para otro lado también forman parte del robo.
