Mientras el gobierno habla de reformar la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, hay un punto que sigue envuelto en silencio. Se discute el esfuerzo, el déficit, la sustentabilidad y los aportes, pero casi nada se dice del capítulo más sensible de todos: el régimen de privilegio de los jueces.
Hasta ahora, el tratamiento de ese tema ha sido hermético. Y no es casual. Porque si se abre esa discusión, queda a la vista uno de los mecanismos más obscenos de deformación del sistema previsional entrerriano: jueces y jubilados judiciales que cobran haberes desmesurados, no por una lógica razonable del sistema, sino por salarios previamente inflados de manera artificial.
El problema no está solamente en el famoso 82% móvil. El verdadero escándalo está antes: en cómo se engorda el sueldo sobre el cual después se calcula esa jubilación.
Ahí aparecen dos motores del privilegio.
El primero es la antigüedad trucha o ficticia. En Entre Ríos, por acordadas judiciales, se ha consolidado el criterio de computarles a muchos magistrados la antigüedad desde el momento en que se recibieron de abogados, y no desde que ingresaron efectivamente a trabajar en el Poder Judicial. Es decir, no se reconoce la antigüedad por los años de servicio prestados en la magistratura o en la administración de justicia, sino por el mero hecho de haber obtenido un título universitario décadas antes.
Eso es un disparate. Y también una estafa moral al conjunto de los aportantes.
Porque un abogado puede haberse recibido a los 28 o 30 años, ejercer privadamente durante toda su vida, ingresar recién a la magistratura a los 55 o 60, y sin embargo empezar a cobrar como si llevara treinta años de carrera judicial encima. No trabajó esos años en tribunales, no hizo aportes como magistrado durante ese período, no recorrió la carrera judicial, pero igual se le mete esa “antigüedad” en el recibo de sueldo.
El caso de Benedetto, en Victoria, es un ejemplo que grafica perfectamente el abuso. Ingresó a la magistratura ya grande, cerca de los 60 años, pero cobra antigüedad desde que se recibió de abogado, es decir, como si arrastrara décadas de servicio que nunca prestó en el Poder Judicial. Ese plus no es simbólico: integra el salario mensual y, por lo tanto, impacta de lleno en el haber jubilatorio.
El segundo motor es la llamada ley de enganche, otra máquina de inflar sueldos judiciales. Bajo ese esquema, los magistrados entrerrianos no solo acompañan los aumentos que se negocian o se conceden en la provincia, sino que además quedan atados a la evolución salarial de la Justicia federal. En los hechos, tienen una especie de doble actualización, una doble paritaria, un doble mecanismo de incremento que no existe para ningún otro trabajador del Estado.
Así, mientras un enfermero, un policía, un docente o un empleado público pelea para no perder contra la inflación, los jueces cuentan con un sistema privilegiado que les eleva el salario por encima de cualquier parámetro razonable. No se trata de remuneraciones altas únicamente por la responsabilidad del cargo, como suelen argumentar. Se trata de salarios inflados por privilegios normativos y corporativos, que luego se trasladan casi intactos al régimen previsional.
Esa es la clave del debate que nadie quiere dar. Porque cuando se habla de jubilaciones judiciales de 15, 18 o hasta 20 millones de pesos, no se está hablando solo de un 82% móvil. Se está hablando de un 82% móvil aplicado sobre un sueldo previamente distorsionado por una antigüedad falsa y por un sistema de enganche salarial extraordinario.
O sea: no es solo una jubilación alta. Es una jubilación alta calculada sobre una base artificialmente engordada.
Y ahí aparece la obscenidad completa del sistema.
Porque mientras miles de jubilados provinciales sobreviven con haberes castigados, mientras los sectores esenciales del Estado cobran salarios modestos y se jubilan con ingresos que apenas alcanzan para vivir, existe una elite judicial que accede a haberes equivalentes a decenas de jubilaciones comunes. Una sola jubilación judicial puede representar tranquilamente cuarenta o cincuenta jubilaciones de trabajadores que sostuvieron durante toda su vida servicios básicos de la provincia.
Y como si eso fuera poco, el privilegio no termina con el magistrado en actividad. También se proyecta en pensiones elevadísimas para viudas y viudos de jueces y juezas, que durante años siguen percibiendo montos extraordinarios financiados por el mismo sistema previsional que después les pide sacrificio a los demás.
Entonces, la pregunta es inevitable: cuando el poder político habla de reformar la Caja, ¿va a tocar de verdad el corazón del problema o va a seguir apretando a los de abajo mientras preserva intactos los privilegios de arriba?
Porque si no se revisa la antigüedad ficticia, si no se discute en serio la ley de enganche, si no se termina con la lógica corporativa que permitió inflar salarios y jubilaciones judiciales durante años, cualquier reforma será una farsa. Será ajuste para empleados, docentes, policías y enfermeros, pero blindaje para la casta judicial.
La sociedad entrerriana tiene derecho a saber qué se piensa hacer con ese capítulo. Tiene derecho a saber si el supuesto saneamiento previsional alcanzará también a quienes durante años fueron beneficiados por un régimen excepcional, cerrado sobre sí mismo y protegido por el silencio institucional.
Porque no hay reforma justa si los privilegios más escandalosos siguen siendo intocables.
Y hoy, en Entre Ríos, el mayor símbolo de ese privilegio no es solo el 82% móvil. Es el combo completo: antigüedad inventada, ley de enganche y jubilaciones infladas que paga toda la provincia.
