El abogado de la querella, Mario Arcusin, salió a desmentir a La Caldera Noticias y a defender públicamente la condena impuesta a Juan Ruiz Orrico y a través de un mensaje privado donde amenazó con llevarnos a la justicia penal si bo se aclaraba el tema lo cual le ofrecimos esta via.
Su argumento es claro: el hecho fue encuadrado en el artículo 84 bis del Código Penal, cuya escala va de tres a seis años, y dentro de esa figura obtuvo una pena de cinco años y ocho meses. En otras palabras, sostiene que consiguió casi el máximo posible y que, por lo tanto, resulta absurdo hablar de una condena baja o insuficiente.
La respuesta merece ser tomada, pero también discutida.
Porque el punto nunca fue si Arcusin hizo bien o mal su trabajo dentro de la figura elegida. El verdadero debate es otro: si la figura elegida era la que correspondía frente a la gravedad del hecho. Y sobre eso La Caldera mantiene una opinión distinta.
Lo que este medio viene señalando es que el caso Orrico se parece mucho más a un homicidio simple que a un homicidio culposo agravado.
No es una extravagancia periodística ni una ocurrencia lanzada desde afuera. Es una discusión jurídica que existió, que estuvo latente en el expediente y que incluso en algún momento fue planteada por el propio querellante. Lo que no ocurrió fue que esa discusión se llevara hasta el final.
No se agotaron las vías recursivas para cuestionar la calificación legal, y ese dato no es menor.Puede haber sido una estrategia. Tal vez se eligió no empujar esa discusión hasta las últimas consecuencias para apurar una condena, asegurar un resultado concreto y evitar el riesgo de una pelea recursiva más larga e incierta.
Es una decisión posible. Respetable, incluso. Pero sigue siendo eso: una estrategia. No una verdad sagrada ni una conclusión indiscutible.
Por eso Arcusin puede estar satisfecho con la condena, y La Caldera puede al mismo tiempo sostener que el resultado quedó corto. No hay contradicción. Hay una diferencia de enfoque. El abogado de la querella celebra haber obtenido una pena alta dentro de una figura menor. Este medio, en cambio, entiende que la discusión central era pelear por una calificación más grave, acorde a la entidad del caso y a sus consecuencias. Dicho de otro modo: no alcanza con decir “logré casi el máximo” cuando lo que se discute es si se peleó dentro del casillero correcto.
Arcusin también salió a aclarar otro punto sensible: la supuesta prisión domiciliaria de Orrico. Sobre eso dijo que nunca existió una domiciliaria formal, sino restricciones y medidas cautelares que fueron malinterpretadas por algunos medios, e incluso por expresiones surgidas en el propio juicio cuando se habló de horas de encierro y limitaciones para moverse.
Esa precisión corresponde. Si no hubo prisión domiciliaria formal, debe decirse con claridad. Y también debe consignarse, como explicó el querellante, que esas limitaciones no serían computadas como tiempo de ejecución de pena. Es una aclaración importante y atendible.Pero esa corrección no modifica el fondo del asunto.
La discusión de verdad no pasa por si hubo o no domiciliaria, sino por si la respuesta judicial estuvo a la altura del hecho. Y allí es donde sigue abierta la grieta entre la satisfacción de Arcusin y la mirada crítica de quienes entienden que el caso merecía otra pelea, otra calificación y otra consecuencia penal.En definitiva, Arcusin desmiente a La Caldera en un punto fáctico y defiende la estrategia que terminó con la condena. La Caldera, por su parte, recoge la aclaración sobre la inexistencia de domiciliaria formal, pero sostiene su posición de fondo: el problema no es el desempeño profesional del abogado, sino que no se llevó hasta las últimas consecuencias la discusión sobre la verdadera calificación legal del hecho. Y allí, justamente allí, está el núcleo de la polémica.
Esperemos que la defensa de Orrico al momento de los cómputos no haga ningún planteo con la tranquilidad que nos da Arcusin que fue solo una mala interpretación de algunos medios.
