Mientras la Unión Cívica Radical anuncia internas para agosto, el peronismo entrerriano vuelve a exhibir su mayor déficit estructural: el miedo a la democracia interna. La UCR, con sus crisis, fracturas y tensiones, al menos conserva un reflejo institucional básico: votar. Competir. Dirimir liderazgos en las urnas partidarias.
En el Partido Justicialista, en cambio, las internas parecen haberse convertido en una mala palabra.
Hace años que el PJ entrerriano funciona bajo un esquema de conducción cerrada, vertical y económicamente concentrada. Las autoridades partidarias no se discuten. Los candidatos se proclaman sin competencia real. Las listas se arman en mesas reducidas donde pesan más los acuerdos de cúpula que la voluntad de la militancia.
En 2025, directamente se habló de “candidaturas de consenso” que no fueron otra cosa que proclamaciones sin debate. El argumento siempre es el mismo: “no hay plata para internas”. Curioso razonamiento para una fuerza política que no tuvo reparos en invertir millones en campañas digitales, promoción, pauta segmentada y despliegue comunicacional masivo cuando se trató de impulsar determinadas candidaturas.
Si no había recursos para que el afiliado vote, ¿cómo sí los hubo para inundar redes sociales y plataformas con publicidad electoral? El problema no parece ser económico. El problema es político.
El rol del operador permanente
En ese esquema aparece la figura de Guillermo Michel como operador central del dispositivo electoral. Un rol que muchos dentro del propio peronismo comparan a Michel con su jefe Massa, que disciplinan estructuras, reparten lugares y deciden estrategias sin someterlas a la deliberación interna.
Cuando la política se reemplaza por el manejo, el partido deja de ser una organización democrática y pasa a ser una maquinaria electoral. Y las maquinarias no deliberan: ejecutan.
La licencia como refugio
En paralelo, vuelve a escena José Cáceres, con versiones sobre nuevas licencias por enfermedad. La situación abre inevitablemente un debate político incómodo: la reiteración de ausencias prolongadas en momentos críticos, en un dirigente que arrastra cuestionamientos públicos desde hace años.
La política entrerriana ya conoció episodios similares. José Carlos Halle, tras dejar la intendencia de Paraná, permaneció largos años fuera del escenario público, envuelto en una narrativa de enfermedad terminal que coincidía con fuertes cuestionamientos a su gestión. No se trata de poner en duda situaciones personales de salud —que pertenecen al ámbito privado— sino de señalar cómo, en determinados contextos, las licencias políticas terminan funcionando como válvulas de escape ante crisis de responsabilidad pública.
Cuando la enfermedad se convierte en herramienta recurrente de repliegue estratégico, el problema deja de ser médico y pasa a ser institucional.
El miedo a votar
El contraste con la UCR es evidente. El radicalismo, con todas sus limitaciones, irá a internas. Habrá competencia. Habrá ganadores y perdedores. Habrá exposición de liderazgos reales.
En el PJ, en cambio, la discusión parece resolverse siempre antes de que empiece. Sin urnas, sin debate, sin confrontación programática.
Un partido que gobernó durante décadas la provincia no puede funcionar como una sociedad cerrada. La legitimidad no se hereda ni se negocia en privado: se construye compitiendo.
El argumento económico para evitar internas suena cada vez más débil frente a la evidencia del gasto electoral selectivo. Y la concentración de decisiones en operadores y armadores refuerza la percepción de un partido encapsulado.
Si el peronismo entrerriano quiere reconstruir autoridad moral frente a la sociedad, debe empezar por ordenar su propia casa. Y ordenar la casa implica abrir las ventanas.
Las internas no son un gasto: son una inversión en legitimidad.
Mientras un partido vota y el otro proclama, la diferencia no es administrativa. Es democrática.
