En el mismo momento en que Victoria atravesaba un temporal fuerte, con vecinos preocupados por anegamientos, daños y la incertidumbre lógica que traen estas situaciones, la cuenta oficial del Municipio eligió un mensaje que no tuvo nada que ver con la emergencia ni con las prioridades básicas que se esperan de un gobierno local: no informó medidas, no dio un parte de situación, no comunicó recursos disponibles, no detalló asistencia ni protocolos. Publicó, en cambio, un texto dirigido a cuestionar y descalificar a quienes critican el carnaval.
No fue una opinión privada en una cuenta personal. Fue la voz institucional de la Municipalidad, emitida desde un canal oficial (victoria.gob.ar), y por eso el hecho es políticamente grave: cuando el Estado municipal habla, lo hace en nombre de todos, no solo de quienes aplauden, participan o se alinean con la narrativa del gobierno.
El mensaje, además, instala una lógica dañina para la convivencia democrática: sugiere que la crítica “resta”, que quien cuestiona “destruye”, que hay ciudadanos que “suman” y otros que “son el problema”. Traducido sin eufemismos, lo que se transmite es que quienes no tienen algo “positivo” para decir deberían callarse. Eso implica colocar al Municipio en un rol que no le corresponde: el de árbitro moral de la ciudad, decidiendo quién tiene derecho a opinar y quién no.
Y acá no hay escapatoria institucional. La responsable política de lo que se publica desde la cuenta oficial es la Intendenta Castagnino. Aunque el texto lo haya redactado el área de prensa o un funcionario menor, la publicación no es ajena a la conducción política: o fue autorizada, o fue tolerada, o hay un nivel de descontrol inadmisible sobre los canales oficiales. En cualquiera de los casos, la responsabilidad recae en la máxima autoridad del Ejecutivo municipal.
Lo más preocupante no es solo el contenido, sino la prioridad que revela. En plena tormenta, el gobierno eligió usar el micrófono institucional para disciplinar críticas sobre un evento público financiado con recursos públicos. Y eso es exactamente al revés de lo que corresponde: un municipio debe dar respuestas, ordenar información, asistir, coordinar y rendir cuentas. No señalar ciudadanos, no retarlos, no descalificarlos por opinar distinto.
Porque en una ciudad democrática no se “participa” solo bailando o saliendo en una comparsa. También participa el vecino que paga impuestos, el que pregunta, el que exige explicaciones, el que critica y el que controla. Los impuestos no se pagan a cambio de silencio. Se pagan para sostener el funcionamiento del Estado, y ese Estado tiene la obligación de tolerar el disenso, especialmente cuando se trata de decisiones públicas.
Si la Municipalidad cree que el carnaval es una política cultural valiosa, tiene herramientas para defenderlo de manera madura: con datos, costos, prioridades, impacto económico, transparencia y rendición de cuentas. Lo que no puede hacer es utilizar un canal oficial para dar lecciones de civismo selectivo, con un mensaje que, en los hechos, divide a la comunidad entre los que aplauden y los que “molestan”.
En una emergencia climática, la discusión pública no debería ser quién critica el carnaval. La discusión debería ser si el gobierno está a la altura de lo esencial: cuidar, informar y responder. Y cuando el poder, en vez de gobernar, reta a los vecinos, lo que se rompe no es un debate: se rompe el respeto institucional.
