Victoria sumó otro capítulo a su serie negra institucional. Esta vez, con nombre, fecha, lugar y sangre: una Victoria sumó otro capítulo a su serie negra institucional. Esta vez, con nombre, fecha, lugar y sangre: una médica denunció haber sido agredida por un cardiólogo dentro del Policlínico local y, según surge del propio expediente referido en la nota, lo que debía tramitar como violencia física, amenazas y desobediencia terminó primero encuadrado como “mobbing laboral”. El maquillaje clásico: cuando el hecho es penal, lo bajan a “conflicto de trabajo”.
La investigación penal preparatoria, dice APF, quedó formalmente iniciada el 12 de febrero de 2026 ante el Juzgado de Garantías y Transición de Victoria. Pero la historia real arranca antes: la denunciante ubica el conflicto el 3 de enero, durante una guardia, cuando —según relató— el médico habría reaccionado con agresiones verbales y frases discriminatorias por su nacionalidad (“paraguaya…”), escalando al día siguiente, 4 de enero, a un episodio dentro del comedor del Policlínico: agua arrojada al rostro, escupitajo y golpes “entre la boca y la nariz”, con sangrado nasal, además de insultos y amenazas de muerte (“te voy a matar”).
Hasta ahí, la secuencia es clara y brutal. Lo que vuelve “escándalo judicial” al caso no es solo el hecho denunciado, sino lo que vino después. APF consigna que la denuncia radicada en la Departamental fue derivada al Juzgado de Familia de feria, donde —según cuestiona el propio planteo de la parte— se la abordó como “violencia laboral” y no como violencia física con lesiones y amenazas. Dicho más simple: el sistema, en su primer movimiento, la minimizó.
El texto aporta un dato que, de confirmarse en sede disciplinaria o penal, es gravísimo: la denunciante sostuvo que el juez de feria Juan Eduardo Lloveras la citó el 6 de enero, “para escuchar el problema”, y le recomendó no continuar con la denuncia; además, según su relato, no dejó ingresar a una testigo por las “influencias” del denunciado, y encuadró el asunto como mobbing laboral. No es un tecnicismo: si a una víctima que afirma golpes en el rostro y amenazas se la invita a desistir, eso no es trámite: es violencia institucional.
En ese contexto aparece lo que APF presenta como “rápida intervención”: la actuación de la Fiscalía de Coordinación y de la procuradora adjunta y fiscal de Coordinación y Violencia de Género, Mónica Carmona, que tomó el caso, consideró a la denunciante en “situación de vulnerabilidad” y empujó la necesidad de complementar medidas para que la protección sea real.
Y ahí se dicta lo más concreto: el juez de Garantías subrogante Francisco Márquez Chada ordenó que la Dirección del Policlínico implemente “de manera urgente” un organigrama de trabajo para evitar la presencia conjunta y cualquier contacto entre denunciante y denunciado durante 60 días, con notificación a las partes y obligación de cumplimiento. Medidas simples, obvias, y —justamente por eso— demoledoras: si eran tan obvias, ¿por qué no estaban desde el inicio, si el conflicto ocurría en el mismo lugar de trabajo?
La nota también deja flotando el combustible más inflamable en Victoria: el entramado de vínculos. Se menciona que el profesional denunciado tendría “fluidas relaciones” con el Poder Judicial local; que habría sido médico forense en tribunales; que “en las fiestas judiciales siempre se encuentra presente”; y que la propia denunciante siente “desamparo” porque la justicia prioriza “relaciones de amistad”. En pueblos judiciales chicos, esos renglones no son literatura: son advertencias.
Stratta por supuesto gran ausente, pece a ser la que con sus influencias ayudo a muchos amigos a llegar a los lugares que hoy ocupan.-
NdR: En Victoria, además, hay una anomalía institucional que explica —al menos en parte— por qué el “juez natural” muchas veces termina siendo un lujo y no un derecho. El juez de Garantías José Alejandro Calleja no entendería en causas donde interviene la fiscal auxiliar interina —señalada como su esposa—, lo que empuja expedientes sensibles a subrogancias y a fueros que no son los específicamente preparados para ese tipo de conflictos. Y el problema se agrava hacia las víctimas: las mujeres no solo padecen la falta de una fiscalía realmente especializada —con nombres repetidos y una estructura cuestionada—, sino que además terminan atrapadas en un circuito donde la garantía del juez natural se vuelve selectiva, justo cuando más debería ser férrea.
Lo que queda, entonces, no es un caso aislado sino un cuadro completo: un hecho grave denunciado, un primer tratamiento que —según la presentación— lo degradó a “mobbing”, un relato que involucra a un juez de feria aconsejando desistir, y finalmente la intervención superior que reordena el expediente y obliga a medidas efectivas en el lugar donde pasaba todo: el Policlínico.
