Falleció el fotógrafo y reportero gráfico Pedro Ismael Medina, a los 66 años, luego de una prolongada enfermedad. La noticia generó repercusión en el ambiente periodístico e institucional de Entre Ríos, donde Medina tuvo actuación durante décadas como trabajador de prensa.
Desde La Caldera expresamos nuestro pesar humano por su muerte. La muerte no se celebra y el dolor de una familia se respeta. Dicho eso, también corresponde decir lo que casi nadie dice cuando muere un engranaje visible de una maquinaria invisible: el problema no es la persona; el problema es el sistema que la rodea, la asciende, la blinda y la utiliza.
De Busti al Estado permanente: una trayectoria que explica el entramado
La trayectoria de Pedro Medina no puede analizarse por fuera del Estado entrerriano. Ingresó a la función pública durante el primer gobierno de Jorge Busti, trabajó como fotógrafo en Canal 9 TVER, luego en el Boletín Oficial y más tarde en el área de Prensa de la Gobernación, función que cumplió a lo largo de los tres gobiernos de Busti.
En los últimos años, quedó adscripto a la Legislatura de Entre Ríos, mientras en los hechos se desempeñaba como fotógrafo de la revista “Análisis”, publicación dirigida por Daniel Enz. A ello se suma un dato institucional relevante: Medina era hermano de una vocal del Superior Tribunal de Justicia, circunstancia que, en una provincia chica como Entre Ríos, nunca es neutra.
“Adscripto”, “colaborador”, “análisis”: las categorías elásticas que pagamos entre todos
En Entre Ríos hay palabras que funcionan como salvoconducto: “adscripto”, “colaborador”, “asesor”, “análisis”. Demasiadas veces no describen una función real, mensurable o verificable, sino una forma prolija de cobrar con fondos públicos, sin concurso, sin control efectivo y sin rendición de resultados.
Sobre la situación administrativa concreta de Medina —su adscripción a la Legislatura y su rol como “colaborador” de Análisis— no existe información fácilmente accesible en fuentes públicas que permita identificar con precisión número de resolución, tareas asignadas, dependencia funcional y modalidad de prestación. Eso no significa que el acto no exista; significa que no está transparentado. Y cuando el Estado paga, el Estado debe mostrar.
Lo que sí puede afirmarse, porque es parte del debate público entrerriano desde hace años, es que estas categorías se utilizan para sostener redes de “colaboradores” que, en la práctica, terminamos pagando todos.
El antecedente que desnuda el mecanismo: Wolff Furlong, productor y custodio de Enz
Para entender por qué esta discusión importa, alcanza con recordar un antecedente concreto. El ex comisario Mario René Wolff Furlong fue productor y custodio del periodista Daniel Enz, integrando su entorno de trabajo y protección durante años. Esa relación fue naturalizada hasta que dejó de serlo.
Wolff Furlong terminó condenado a 22 años de prisión por delitos sexuales gravísimos y hoy cumple condena efectiva. Ese caso dejó una enseñanza amarga: cuando el Estado y la política sostienen “colaboradores”, “productores” o “custodios” sin controles reales, no solo se derrocha plata pública; se blindan circuitos de impunidad que funcionan hasta que el escándalo explota y ya no alcanza el silencio.
La otra punta del hilo: una estrecha colaboradora adscripta (dato en verificación)
En la misma línea, y como parte del mismo modo de operar, en ámbitos judiciales y administrativos circula un dato que se encuentra en proceso de verificación: la existencia de una estrecha colaboradora vinculada al ecosistema de Análisis que estaría adscripta a la Fiscalía de Estado o a la Caja de Jubilaciones, u otro organismo de similar jerarquía.
La Caldera consigna este dato con responsabilidad: no como afirmación cerrada, sino como información en investigación. Si se confirma mediante acto administrativo, será otro ejemplo de una práctica conocida: personas que cobran del Estado pero trabajan, en los hechos, para una maquinaria mediático-política.
Un cierre necesario
Reiteramos: acompañamos el dolor por el fallecimiento de Pedro Medina.
Pero también advertimos que la discusión de fondo no muere con nadie. Sigue viva en cada adscripción opaca, en cada “colaborador” sin función verificable, en cada sueldo que se paga “porque sí”, y en cada estructura que utiliza prensa, cargos y privilegios como herramienta de poder.
Porque lo humano se respeta. Pero lo institucional se exige.
