El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica política y judicial luego de que el abogado Carlos Guillermo Reggiardo ampliara la denuncia penal contra su presidente, Diego Lara, y contra los vocales Antonio Gustavo Labriola y María de los Ángeles Moia, acusándolos de haber convertido al organismo en una verdadera “fiscalía administrativa paralela” para perseguir expedientes menores mientras la provincia sigue sin recuperar el dinero desviado en la causa de los contratos truchos de la Legislatura.
La nueva presentación judicial incorpora un expediente interno del propio Tribunal de Cuentas que, según sostiene Reggiardo, demuestra cómo la polémica Acordada N.º 339 ya comenzó a utilizarse en casos concretos para formular imputaciones patrimoniales, exigir descargos, ordenar comparecencias y desplegar mecanismos de investigación propios de una estructura judicial o fiscal, pese a que la Constitución Provincial establece expresamente que el Tribunal “no ejerce funciones judiciales”.
Pero lo que terminó detonando políticamente la denuncia fue el contenido del expediente utilizado por el organismo.
Según surge de la documentación incorporada, el Tribunal activó toda la maquinaria administrativa creada por la acordada para perseguir un supuesto perjuicio económico de apenas $11.964 vinculado a un convenio relacionado con “Mora Disco Bar”, correspondiente al año 2008.
Sí, un expediente de hace casi veinte años.
La denuncia sostiene que para reclamar esa suma el Tribunal movilizó Fiscalía de Cuentas, informes técnicos, dictámenes jurídicos, intimaciones, actividad instructoria, imputaciones patrimoniales y un procedimiento administrativo completo contra funcionarios políticos actuales.
El contraste político es inevitable.
Mientras el escándalo de los contratos truchos sigue siendo una de las mayores causas de corrupción de la historia entrerriana —con millones de pesos desviados mediante cientos de cheques cobrados por ventanilla— el Tribunal despliega una estructura cuasi judicial para intentar recuperar menos de doce mil pesos de un expediente originado en 2008.
Y ahí aparece el dato más incómodo para el oficialismo judicial y político:
el propio Diego Lara fue mencionado públicamente en distintas publicaciones periodísticas vinculadas a la causa de los contratos truchos, donde se señaló que él y su pareja de apellido Lisnofsky habrían cobrado centenares de cheques relacionados con aquel circuito de contrataciones irregulares de la Legislatura.
Reggiardo recordó además que Lara fue intendente peronista de María Grande, luego diputado provincial y posteriormente designado al frente del Tribunal de Cuentas, organismo que ahora —según denuncia— pretende transformarse en una especie de fiscalía administrativa con facultades creadas por acordada y no por ley.
La presentación también cuestiona duramente a Labriola y Moia por haber firmado la resolución que activó el procedimiento denunciado y por acompañar un esquema que, según sostiene el escrito, utiliza herramientas administrativas para construir expedientes políticos y generar mecanismos de presión institucional.
Otro de los puntos explosivos de la ampliación es que el propio Domingo Daniel Rossi ya había denunciado administrativamente esa situación en el año 2013, lo que significa que el Estado conocía el tema desde hacía más de una década.
Pese a ello, el Tribunal decidió reactivarlo ahora mediante un procedimiento excepcional creado por la Acordada N.º 339.
Para Reggiardo, el problema ya no es solamente jurídico sino político e institucional:
“Ya no controlan cuentas. Investigan personas”.
La denuncia sostiene además que el supuesto crédito estaría incluso afectado por la prescripción y que ningún municipio tiene obligación legal de iniciar litigios inviables o antieconómicos respecto de hechos ocurridos hace casi veinte años.
Mientras tanto, la plata de los contratos truchos sigue sin aparecer.
