En Victoria no hay discusión filosófica ni “miradas distintas”. Hay algo mucho más concreto: una orden judicial. Un amparo ambiental con medidas precisas —de esas que se escriben, se notifican y se cumplen— que la gestión de Isa Castagnino viene incumpliendo como si la Justicia fuera decoración.
La orden es clara: recomponer, reforestar, restaurar. No es un volante. Es un mandato.
Y sin embargo, en Victoria la orden parece estar en la heladera: pegada con un imán, a la vista… pero ignorada.
Lo más grave es que este amparo ya no es solo un expediente. Es materia de estudio: se analiza en cátedras de Derecho Ambiental por lo que representa como ejemplo de conflicto entre política local y tutela judicial efectiva. Y no porque Victoria sea una excepción virtuosa, sino porque muestra, con crudeza, cómo se puede desobedecer un fallo mientras se administra la ciudad como si nada.
Mientras el amparo ordena restaurar, la gestión prioriza otra agenda: habilitaciones, concesiones, playa, corsos, cantinas, casino, recaudación nocturna. Un modelo donde lo central no es la política pública ambiental ni la prevención social, sino que “la noche rinda”.
En otras localidades, la Justicia ya marcó el camino: frenar el daño, detener movimientos de suelo, imponer planes de recomposición, replantar especies nativas y controlar el cumplimiento. Acá también hay un amparo firme del STJ.
Acá también hay una orden. La diferencia es que en Victoria el papel existe… pero el cumplimiento no.
Por eso el problema ya no es “ambiental” solamente. Es institucional:
cuando un municipio naturaliza que una sentencia se guarda en la heladera, lo que se rompe no es solo el ecosistema. Se rompe el Estado de Derecho.
