La participación de dirigentes y funcionarios entrerrianos en el Foro BRICS PartNIR 2026 realizado en Xiamen, China, abrió una pregunta incómoda que hasta ahora nadie respondió con claridad: quién financió realmente el viaje y bajo qué mecanismos institucionales se autorizó la comitiva.
La delegación estuvo integrada por la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el dirigente cooperativista y concejal Emiliano Gómez Tutau; y Alexis Bilbao. La presencia de funcionarios públicos en actividades internacionales no es, en sí misma, irregular. El problema aparece cuando comienzan a superponerse intereses políticos, funciones públicas, estructuras privadas y organismos de financiamiento estatal.
En el centro de las dudas aparece el rol de Emiliano Gómez Tutau.
Tutau no solamente habría participado de la misión institucional, sino que además integra estructuras cooperativistas y espacios vinculados al grupo CEDA, desde donde —según distintas versiones políticas y administrativas— se habría impulsado la gestión del viaje y del financiamiento ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Es decir: el mismo dirigente que promueve, articula o participa de la gestión del financiamiento termina siendo beneficiario directo de la delegación. Allí aparece el interrogante más delicado: ¿hubo conflicto de intereses?
Porque si efectivamente:
- Tutau integraba el espacio que promovía el viaje;
- intervenía en la articulación institucional;
- gestionaba vínculos con el CFI;
- y al mismo tiempo viajaba como integrante de la comitiva oficial,
entonces la situación deja de ser meramente protocolar y comienza a ingresar en una zona gris administrativa y ética.
Más aún cuando quienes viajaron mantienen relaciones políticas directas entre sí.
Rosario Romero y Alexis Bilbao forman parte del mismo entramado político que sostiene a Tutau en Paraná. Adrián Fuertes aparece como uno de los principales nexos políticos de la misión. Todo esto genera una imagen compleja: funcionarios, dirigentes y actores vinculados a estructuras cooperativistas compartiendo una misión internacional cuya financiación todavía no fue explicada públicamente en detalle.
La pregunta entonces es inevitable:
- ¿El viaje fue pagado íntegramente por el CFI?
- ¿Hubo aportes municipales?
- ¿Existieron viáticos oficiales?
- ¿Quién eligió a los integrantes?
- ¿Qué expediente administrativo autorizó la misión?
- ¿Cuál fue el criterio de selección?
- ¿Qué resultados concretos obtuvo Entre Ríos?
- ¿Existe rendición pública de gastos?
Hasta ahora, ninguna de esas respuestas apareció de manera transparente.
El problema político se agrava porque el discurso de “misiones estratégicas”, “cooperación internacional”, “tecnología” o “BRICS” suele utilizarse muchas veces para justificar viajes oficiales cuyos beneficios concretos nunca terminan siendo visibles para la ciudadanía.
Y cuando quienes viajan son dirigentes con múltiples roles —políticos, institucionales y privados— la necesidad de transparencia debería ser todavía mayor.
El caso de Gómez Tutau merece especial atención porque combina:
- actividad política;
- representación institucional;
- participación en estructuras cooperativistas;
- y eventual intervención en mecanismos de financiamiento.
Ese cruce puede derivar, como mínimo, en cuestionamientos por incompatibilidad ética y conflicto de intereses.
Porque si un dirigente participa simultáneamente del organismo o grupo que impulsa una misión y además resulta beneficiario personal de esa misma gestión, el principio de imparcialidad queda seriamente comprometido.
La situación exige documentación pública inmediata:
- expedientes;
- resoluciones del CFI;
- rendiciones;
- viáticos;
- autorizaciones;
- y convenios firmados.
De lo contrario, la misión a China corre el riesgo de transformarse en otro ejemplo de turismo político financiado con recursos públicos o paraestatales bajo el paraguas de la cooperación internacional.
