Mientras miles marchan por la educación pública en Entre Ríos, buena parte de la dirigencia política, judicial y sindical hace años decidió sacar a sus propios hijos del sistema que dice defender.
Las calles volvieron a llenarse. Docentes, estudiantes, familias y trabajadores marcharon otra vez en defensa de la educación pública. Y la imagen conmueve porque todavía existe, en gran parte de la sociedad, la idea de que la escuela pública sigue siendo una herramienta de igualdad y movilidad social.
Pero detrás de los discursos encendidos y las consignas épicas aparece una pregunta incómoda que casi nadie quiere hacer: ¿cuántos de los funcionarios, dirigentes y magistrados que hablan de “defender la educación pública” mandan realmente a sus hijos a una escuela estatal?
La respuesta explica muchas cosas.
En Entre Ríos se consolidó desde hace años una nueva aristocracia política y judicial que utiliza la educación pública como bandera ideológica, pero reserva para sus propias familias circuitos completamente privados: colegios caros, universidades privadas y sanatorios privados. Lo público queda para el discurso. Lo privado, para la vida real.
Y en ese esquema también crecieron algunas instituciones convertidas casi en extensiones del poder. La UCA, por ejemplo, terminó funcionando muchas veces como una especie de franquicia académica del poder judicial y político entrerriano, donde abundan profesores-magistrados, operadores y vínculos corporativos que reproducen un sistema cerrado, elitista y autorreferencial.
No se trata de cuestionar la educación privada. Cada familia elige como puede y como quiere. El problema aparece cuando quienes destruyen lentamente la escuela pública después se presentan como sus defensores mientras jamás confiarían en ella para sus propios hijos.
Ahí nace el verdadero cinismo político de época. Porque la decadencia de la educación pública no fue casualidad. Fue el resultado de años de abandono, de burocracia, de corrupción, de acomodos y de una dirigencia que convirtió al Estado en una maquinaria de privilegios mientras el aula se deterioraba silenciosamente.
Los mismos que hoy levantan pancartas muchas veces gobernaron durante décadas. Y mientras hablaban de inclusión, fueron construyendo para sí mismos una realidad paralela: barrios privados, clínicas privadas, universidades privadas y vínculos de poder cada vez más cerrados.
La educación pública necesita ser defendida, sí. Pero defendida de verdad. Con inversión real, con transparencia, con exigencia académica, con infraestructura y con docentes respetados. No como consigna vacía de una dirigencia que hace rato dejó de convivir con el sistema que administra.
Porque cuando los hijos del poder abandonan la escuela pública, el mensaje que queda es brutal: ellos mismos ya no creen en lo que le ofrecen al resto de la sociedad.
