Laura Stratta volvió a posar de defensora de la Caja de Jubilaciones. Dijo que hay que garantizar su sostenibilidad, pero “no a cualquier costo” y “sin afectar derechos”. El problema es que ese discurso se derrumba cuando se lo contrasta con los privilegios que el poder político se fabrica para sí mismo mientras al resto de la sociedad le exige esfuerzo, aportes y paciencia.
No se puede hablar seriamente de cuidar la Caja mientras se omite explicar cómo funcionan ciertos beneficios previsionales obtenidos al calor del poder. Mucho menos se puede invocar la defensa de los “derechos” cuando pesan denuncias concretas sobre una pensión provincial que, según hemos sostenido públicamente y denunciado, fue armada de manera irregular para favorecer a la madre de la propia STRATTA.
Ese es el punto central que Stratta elude. No estamos discutiendo derechos de trabajadores que aportaron toda una vida. Estamos hablando de una maniobra denunciada, de una pensión políticamente apadrinada, de un acceso al beneficio que no se explica por la lógica contributiva común que rige para cualquier ciudadano de a pie.
Según la reconstrucción que expusimos en La Caldera, se habría utilizado una combinación de reciprocidad previsional, moratoria y aportes mínimos para abrir la puerta a una pensión provincial de privilegio. En términos brutales: para unos, años de aportes y trámites interminables; para otros, la lapicera del poder.
Eso es lo que destruye cualquier discurso sobre “sostenibilidad”. Porque la Caja no se rompe solamente por el déficit. También se rompe por la hipocresía. Se rompe cuando la política se reserva atajos, acomodos y beneficios excepcionales mientras le habla al resto de responsabilidad fiscal. Se rompe cuando los mismos que administran el sistema toleran o encubren mecanismos que lo vacían moralmente. Y se rompe, sobre todo, cuando quienes deberían dar explicaciones se refugian en frases nobles para no hablar de los privilegios innobles.
Stratta pretende ubicarse del lado de los que cuidan derechos. Pero no hay derecho social posible sobre la base del privilegio clandestino. No hay defensa de la Caja si al mismo tiempo se mira para otro lado frente a beneficios denunciados como irregulares. No hay autoridad moral para hablar de sacrificios colectivos cuando las familias del poder aparecen vinculadas a jubilaciones y pensiones que jamás hubieran estado al alcance de cualquier entrerriano sin apellido, sin cargo y sin padrinos.
La discusión previsional en Entre Ríos está contaminada por ese doble discurso. Se les pide prudencia a los jubilados, aportes a los trabajadores y recursos al Estado, pero nunca se empieza por limpiar la mugre de arriba. Nunca se revisan en serio los beneficios sospechados. Nunca se transparenta cómo se otorgaron ciertas pensiones. Nunca se explica por qué algunos expedientes avanzan con una velocidad y una flexibilidad que el ciudadano común no conocerá jamás.
Por eso, cuando Stratta habla de sostenibilidad, lo primero que debería hacer es responder por el sistema político que integró y sostuvo. Debería explicar si está dispuesta a revisar estas maniobras. Debería decir si avala que se use el aparato estatal para fabricar beneficios previsionales para los propios. Debería aclarar si los “derechos” que dice defender son los de todos o solamente los de la corporación gobernante.
Porque acá no hay una discusión teórica. Hay una denuncia judicial concreta. Hay hechos expuestos públicamente. Hay un mecanismo previsional que, según denunciamos, fue utilizado para obtener una pensión que jamás debió concederse en esas condiciones. Y hay, además, un silencio político ensordecedor.
La Caja no se defiende con declaraciones. La Caja se defiende terminando con los privilegios. La Caja se defiende auditando, revisando, explicando y, si corresponde, anulando beneficios obtenidos de manera irregular. Lo demás es puro maquillaje. Pura consigna vacía. Pura actuación.
En definitiva: no se puede hablar de cuidar la Caja mientras se amparan pensiones truchas del poder. No se puede invocar la bandera de los derechos para tapar beneficios denunciados como irregulares. Y no se puede pedirle sacrificios al pueblo mientras la dirigencia sigue cobrando del sistema una renta política, familiar y previsional que jamás estuvo pensada para el ciudadano común.
