En Paraná venden el “nuevo sistema de transporte” como un salto al siglo XXI, pero arrancan con un dato brutal: hay una orden judicial que obliga a la nueva concesionaria a tomar a los choferes con continuidad laboral, y ni la empresa misionera ni la intendenta Rosario Romero muestran intención de cumplirla.
Mientras un juzgado del Trabajo dispuso que San José y la UTE que se queda con el servicio deben absorber a los trabajadores de Buses Paraná con su antigüedad, la empresa ya avisó que tomará “gente nueva” o choferes “con cero antigüedad”, como si las décadas de trabajo en las líneas urbanas pudieran tirarse a la basura de un plumazo.
En las audiencias de la Secretaría de Trabajo, la escena se repite: el sindicato y las empresas van, la Municipalidad no. No hay propuesta seria, no hay garantía de continuidad, no hay voluntad política de ordenar el conflicto. Sí hay algo muy claro: el municipio se borra de la mesa laboral y se muestra solo para la foto con los colectivos nuevos y la app reluciente.
Para rematar, en lugar de garantizar derechos, el camino elegido fue el penal: denuncias cruzadas, policías y fiscales listos por si hay protesta, y un mensaje implícito a los trabajadores y usuarios: el conflicto está “cerrado” por decreto, y el que no se adapte, que se arregle con Tribunales.
El domingo los colectivos misioneros van a salir a la calle, pero el problema no se queda en la estación: empieza a rodar un sistema nacido a contramano de la Justicia, contra la historia laboral de los choferes y bajo la sombra de un municipio que prefiere blindar la concesión antes que respetar a quienes hicieron andar el transporte de Paraná durante años.
Una vez mas queda plasmada la irresponsabilidad de ROMERO que deja en la calle choferes con años de antiguedad y los obliga a aceptar nuevas condiciones al que convoquen, gravosas; pero a su vez CONCESIONA el estacionamiento medido con los TRAPITOS adentro. LOCURA TOTAL.
