“No pidan una justicia de Suiza cuando tenemos los recursos de Nigeria”. Con esa frase, el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leandro Portela, dejó en claro que su función no es asumir responsabilidades ni proponer soluciones, sino buscar culpables. Y como suele pasar en quienes llegan al poder para no incomodar a nadie, el dedo acusador no apuntó hacia adentro del Poder Judicial, sino hacia afuera: a la sociedad, a los denunciantes de jueces, a los entrerrianos que se cansaron de la impunidad.
Pero la frase no solo fue cobarde. También fue profundamente racista y desinformada. Nigeria, país con una estructura judicial en desarrollo y desafíos complejos, no merece ser usado como sinónimo de corrupción o desorden. Y Suiza, supuesta “mejor justicia”, ha sido denunciada por proteger a bancos que ocultaron fondos de dictadores, lavadores y corruptos del mundo entero. La analogía de Portela no solo fue infeliz: exhibió una ignorancia funcional, útil para justificar el colapso sin asumir culpas.
Deberia saber cual es la realidad de los paises africanos y que proporcion de su presupuesto lo destinan a Justicia, tambien habria que ver si en Nigeria los jueces son vitalicios, cobran como 20 docentes, o como 10 directores de hospitales.
Portela no es cualquier juez. Fue el último supremo designado por Gustavo Bordet. Llegó al cargo con respaldo político directo y una historia que lo conecta con el núcleo duro del kirchnerismo entrerriano. Fue asesor del exsenador Pedro Guillermo Guastavino, símbolo del oficialismo más cerrado y funcional al aparato judicial que hace décadas se autoprotege y persigue selectivamente.
No es casual que en su discurso no haya ni una mención a las causas archivadas de corrupción estructural, al manejo de los contratos truchos de la Legislatura, a las jubilaciones escandalosas del Poder Judicial, ni a la pasividad cómplice del Ministerio Público. Portela no habla de los jueces penales con “puerta giratoria” para empresarios y con mano de hierro para causas menores. Tampoco cuestiona la prisión preventiva como castigo anticipado para los “sin poder” o el festival de sobreseimientos exprés para los amigos del sistema.
Y ni una sola palabra sobre el verdadero cáncer judicial: una justicia donde los sueldos superan los 10 millones de pesos, las oficinas están cooptadas por familiares de magistrados, y hasta el ordenanza se autopercibe “magistrade”. Allí no hay control de desempeño, ni evaluación ética. Solo una endogamia tan opaca como peligrosa.
¿Ejemplos? Varios. Desde el caso Cañete, que terminó en una mansión en Gualeguay, hasta funcionarios de segunda línea que ostentan lujos inexplicables. Y mientras tanto, los ciudadanos deben enfrentarse a oficinas mal atendidas, burocracia eterna, y un sistema hostil que revictimiza.
Portela, en lugar de asumir esta realidad, eligió el camino más fácil: culpabilizar a quienes exigen justicia, despreciar las denuncias, y hacer comparaciones insostenibles que mezclan racismo, desinformación y cinismo.
Así, el juez que debería aportar soluciones, se limita a justificar la decadencia institucional con frases hechas. El problema, para él, siempre es el otro. Y en esa lógica, el poder judicial que representa se hunde cada vez más lejos del pueblo y cada vez más cerca del abismo.
