La causa por los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos, que involucra un desfalco estimado en más de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018, continúa avanzando en los tribunales de Paraná. Sin embargo, el proceso judicial parece centrarse en los eslabones más débiles de la cadena, mientras que los principales responsables políticos y técnicos permanecen al margen.
Recientemente, 12 imputados accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation), evitando así el juicio oral a cambio de tareas comunitarias y una reparación económica simbólica. Entre ellos se encuentran María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni y Giselle Mena Gioveni.
Mientras tanto, figuras clave en la estructura del fraude, como la contadora Florencia Ara, actual perito del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, no han sido imputadas ni citadas como testigos relevantes. En 2018, durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación, se detuvo a Roberto Ariel Faure, considerado mano derecha de Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados. Faure fue arrestado en el estudio contable de Ara, donde tanto él como su esposa, Lorena Analía Ruiz Díaz, trabajaban.
A pesar de estas conexiones, Ara ha continuado desempeñándose como perito oficial en otras causas sensibles. En 2022, su informe pericial fue determinante para el sobreseimiento del contador Luis Erbes, funcionario del Ministerio de Economía, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El juez de Garantías Eduardo Ruhl dictó el sobreseimiento basándose en el informe de Ara, que no encontró inconsistencias en el patrimonio del funcionario. elentrerios.com
Este panorama refleja una justicia que parece aplicar un doble estándar: mientras se juzga a empleados menores y se otorgan probation a contratados truchos, los estudios contables que diseñaron las maniobras fraudulentas y los responsables políticos de alto rango permanecen sin ser tocados por la investigación.
La causa de los contratos truchos no solo expone un caso de corrupción administrativa, sino que también pone en evidencia las falencias del sistema judicial entrerriano, que hasta el momento no ha logrado llevar a juicio a los verdaderos artífices del desfalco al Estado.
