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El hijo del exdiputado provincial y actual funcionario del gobierno entrerriano, Esteban Vitor, fue denunciado penalmente por el hackeo de páginas web vinculadas a medios críticos que vienen publicando informes sobre el crecimiento patrimonial y presunto enriquecimiento ilícito de su padre.
La denuncia fue radicada por el periodista Hernán Javier Blázquez, integrante del medio Entre Ríos 24.Pero eso no es lo único.
Además de haber reconocido el hackeo en mensajes enviados por WhatsApp, el hijo del funcionario, Francisco Vitor, profirió amenazas personales contra el periodista, afirmando textualmente:> “Te declaro la guerra. Esto recién empieza”,“Voy a gastar toda la guita que me pediste en hacerte mierda”,“Disfrutá de tu página y de tu número”,y otras expresiones de tono intimidatorio como “ponete casco” o “te tengo grabado en la YPF”.
Los mensajes, enviados desde un número de teléfono identificado con el nombre «Fran Vitor», ya están en poder de la Justicia. El periodista denunciante aportó las capturas, que serán incorporadas como prueba documental en la causa penal iniciada en Paraná.
Pero la escalada no termina allí. En las próximas horas se sumará una nueva denuncia, esta vez de parte de un reconocido abogado, quien fue víctima de dos hackeos consecutivos atribuidos también a Francisco Vitor. Ambos ataques se produjeron en coincidencia con declaraciones públicas del letrado, que aludían a la existencia de una concesionaria de autos frente al túnel subfluvial, presuntamente vinculada al patrimonio del exdiputado Vitor.
Los hechos denunciados revisten especial gravedad no solo por el contenido de las amenazas, sino porque comprometen la seguridad de periodistas y profesionales que han cuestionado la falta de investigación judicial sobre el origen del capital con el que operan empresas como Vision Motors y el llamado «Galpón Apolo», donde se encontrarían almacenados vehículos de alta gama en condiciones sospechosas.
Desde distintos sectores del periodismo y la abogacía se reclama que el Ministerio Público Fiscal actúe de manera urgente para investigar lo sucedido, y se advierte sobre el riesgo que implica para la libertad de prensa y la integridad de quienes denuncian presuntos hechos de corrupción.
