Hay decisiones que no admiten maquillaje técnico. El decreto / resolución que publica un prestigioso medio provincial que habilita un desembolso de $285 millones del IAFAS para financiar “marketing, promoción y atención a jugadores” de Casino Victoria es una vergüenza institucional.
No solo por el monto: por el sentido. Por el mensaje. Por el modelo de Estado que expone.
Porque mientras el IAFAS vive pidiendo auxilio —y el propio Estado termina girándole plata desde el Ministerio de Acción Social para cubrir sueldos y funcionamiento cuando la caja no alcanza—, aparece de pronto una chequera generosa para beneficiar a un privado que ya tiene el negocio asegurado: el paño.
Un esquema sin riesgo: el Estado banca la promoción, el concesionario recauda y se queda con el ingreso del juego privado. ¿Cómo se llama eso si no es subsidio encubierto?Esto no es “acción social”.
Es lo contrario: es acción comercial estatal para engordar una concesión privada. Y en una provincia con necesidades reales, con clubes, comedores, salud y educación contando monedas, este gasto no es un “error administrativo”: es una decisión política.
El personaje y la trama
Y cuando se mira quién orbita ese mundo, el cuadro se vuelve todavía más oscuro. En Casino Victoria aparece desde hace años Roberto Caminos, un histórico del lugar, más “empleado del VIP” que gerente, y a la vez un hombre que se precia de tener línea con la política. Su nombre circula en Victoria y en Paraná asociado al universo del poder provincial, con vínculos atribuidos al espacio de Laura Stratta y al ambiente de los contratos truchos: se ha señalado públicamente que su pareja cobraba, que hubo familiares cobrando en estructuras ligadas a ese sector, y hoy se comenta que su exmujer también estaría percibiendo haberes en Diputados.
Y alrededor de ese mismo personaje, en el circuito local también circulan desde hace años versiones que lo conectan con el costado más sórdido de la noche: drogas, prostitución, aprietes y manejo del VIP.
No hace falta convertir esas versiones en sentencia: alcanza con entender que el Estado no puede —no debe— poner $285 millones en un privado con esa atmósfera, sin transparencia absoluta, sin control social, sin explicación y sin vergüenza.
La pregunta finalSi el IAFAS no llega a pagar sueldos y necesita asistencia para sostenerse, ¿con qué cara financia el marketing de un concesionario?¿Quién decidió que esto es “acción social”?¿Y quién se hace responsable cuando el Estado se convierte en promotor del juego para que un privado recaude?
Lo que se firmó no es una política pública: es un acto de entrega. Y cuando el Estado entrega, siempre hay alguien que cobra. Y casi nunca es la gente.
