Quizás no haya en Entre Ríos un hombre con más poder real que Julio Rodríguez Signes. No porque gane elecciones, ni porque arme listas, ni porque corte cintas: porque firma. Dictamina. Convalida. Frena. Habilita. Y, sobre todo, permanece.
En una provincia donde los gobernadores pasan, los escándalos cambian de nombre y las promesas se reciclan cada cuatro años, Don Julio es el punto fijo del mapa: Fiscal de Estado desde el 1° de febrero de 2008, designado por Sergio Urribarri, y todavía ahí, como si el cargo tuviera cláusula de eternidad.
Conviene decirlo sin vueltas: cuando en Entre Ríos se habla del “modelo” —ese modelo que algunos llaman bustista, otros urribarrista, otros bordetista y ahora se discute si muta a frigerista— lo que suele cambiar es el decorado. Lo que casi nunca cambia es la ingeniería jurídica que lo sostiene. Y ahí aparece Don Julio como símbolo: el hombre que arrancó radical alfonsinista y terminó siendo, para muchos, “el jefe de los abogados del poder”.
Porque Don Julio no es solo un funcionario con trayectoria. Es, en la práctica, un organizador de continuidad: atravesó a Urribarri, atravesó a Bordet, y ahora convive con Frigerio en el mismo lugar, con la misma lapicera y la misma lógica institucional.
Y esa continuidad no es neutral: es un modelo de poder.
En el corazón de ese modelo, la nota del portal de Ricardo David vuelve a encender un reflector que siempre se apaga rápido: IAFAS. No una repartición menor, sino la caja histórica del juego, un territorio donde los números son gigantes y los controles suelen volverse microscópicos. El artículo denuncia que, desde hace más de dos décadas, el instituto opera con un esquema deformado por el abuso de contratación directa, apoyado en un texto que ya parece reliquia sagrada: el Decreto 5559/2002, que existe y está publicado como norma.
La nota lo plantea como un régimen “de excepción” convertido en normalidad. Y si uno mira la historia política entrerriana, la excepción permanente es casi una marca registrada: cuando el dinero es grande, el trámite se vuelve chico.
De hecho, el mismo ecosistema de concesiones y negocios del juego tiene un episodio que sigue siendo una postal del sistema: el caso del Audi A1 que derivó en una investigación por dádivas vinculada a Urribarri. Medios entrerrianos informaron que la firma Kaskira S.A. emitió cédulas azules para que el ex gobernador y su esposa pudieran conducir un Audi A1 modelo 2015, patente OVS 226, y que el caso derivó en actuaciones judiciales.
¿Y dónde entra Don Julio en esta película? En el lugar exacto donde se define el destino de las películas entrerrianas: la legalidad administrativa. Porque si el IAFAS es una caja, la Fiscalía de Estado es la cerradura. No es el que apuesta; es el que decide si el sistema camina con luz, con penumbra o directamente a oscuras.
Por eso, cuando se dice que Don Julio es “padre” de este modelo, hay que entenderlo bien: no porque lo haya inventado en el origen, sino porque lo consolidó en la práctica, dándole al poder algo que en Entre Ríos vale más que una victoria electoral: estabilidad jurídica. Esa estabilidad permitió que el ciclo se reacomode con cada administración sin romperse: el urribarrismo, el bordetismo y ahora el frigerismo discuten épicas distintas, pero la estructura de continuidad se sostiene con firmas que no salen en los afiches.
En ese entramado, la política de los últimos años tuvo un nombre pesado en la arquitectura del poder provincial: Rosario Romero, quien —según su propia biografía pública— fue Ministra de Gobierno y Justicia entre 2017 y 2023 durante la gestión de Bordet, y hoy ocupa la intendencia de Paraná.
Nadie necesita inventar conspiraciones para describir lo obvio: el “modelo” no se sostiene solo con un despacho; se sostiene con redes de gobierno, gestión, justicia, control y caja.
Y acá aparece el otro capítulo que suena noble y, justamente por eso, muestra el ADN entrerriano más crudo: CEMENER. La apertura formal del centro está documentada: comenzó a atender pacientes el 27 de junio de 2016 en Oro Verde, en el marco del Plan Federal de Medicina Nuclear.
En sí, es un avance sanitario. Pero en Entre Ríos pasa algo que ya es patología institucional: hasta los proyectos buenos terminan envueltos en preguntas sobre el “cómo” —cómo se decidió, cómo se contrató, quién controló, quién firmó— porque la provincia se acostumbró a que el “detalle” sea un lujo y no una obligación.
Y entonces llegamos al clima social que vos pedís poner en palabras: esa sensación de que un grupo de dirigentes y funcionarios de “vida común” terminó orbitando fortunas, poder y negocios, mientras la justicia rara vez entrega un final contundente. Acá hay que ser precisos para publicar sin regalarle munición a nadie: la lista de nombres que circula puede existir como percepción pública, pero la afirmación de enriquecimientos ilícitos requiere expedientes, pericias y condenas. Lo que sí es indiscutible —y corrosivo— es el resultado político: la idea de que “nadie cae”.
Y esa idea, guste o no, se alimenta de la misma foto repetida: cajas opacas, contrataciones discutidas, escándalos que envejecen sin sentencia, y funcionarios que duran más que los gobiernos.
Por eso el cierre es simple, casi brutal: Don Julio “promete” a Frigerio lo mismo que prometió siempre, aun cuando nadie lo diga en campaña: que el sistema seguirá funcionando. Con algunos retoques, con nuevos slogans, con un logo distinto. Pero con los mismos engranajes.
Porque en Entre Ríos, el poder no es solo ganar.
El poder es quedarse.
