El PJ de Entre Ríos volvió a la escena con un comunicado y una foto de conducción: reunión ampliada del Consejo Provincial, más de tres horas, y una definición central: rechazo a la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Frigerio, porque —afirman— “no es prioridad” y la provincia tiene “otras urgencias”. En esa mesa estuvieron, entre otros, Rosario Romero, Gustavo Bordet, Adán Bahl, Guillermo Michel, Blanca Osuna, Enrique Cresto y Laura Stratta, según lo publicado.
La “Constitución bustista” como sistema de blindaje
La discusión no es solamente jurídica. Es de poder. La llamada “Constitución bustista” —en su práctica real, no en su retórica— terminó funcionando como un esquema de reglamentación discrecional: se ordena el Estado hacia adentro, se administra la caja, se distribuyen cargos, se domestica el control y se protege a los propios. Por eso el reflejo automático no es “mejorémosla”, sino “no se toca”.
Cuando un partido se acostumbra a gobernar con el control como ornamento, la reforma institucional deja de ser “un debate” y pasa a ser un riesgo existencial.
Es tal la impunidad que entre los asistentes estaba Gonzalo Garcia, hijo de Blas, histórico cajero del juegonfe Busti, hoy en el órgano que deberia sancionar jueces y fiscales.
“No es prioridad”: el comodín para que nada cambie
El PJ planteó que la reforma constitucional no responde a una demanda social prioritaria.
Esa frase es el candado perfecto: convierte cualquier cambio estructural en un capricho “de agenda” y asegura que lo verdaderamente intocable siga intacto: las reglas que garantizan impunidad administrativa, discrecionalidad y falta de trazabilidad.
Las urgencias existen. Pero justamente por eso, el control debería ser más fuerte, no más débil. El problema es que, si el control funciona, alguien paga.
Un partido cleptocrático: el modelo de saqueo como cultura política
La palabra duele, pero describe un modo: no es un hecho penal puntual, es una cultura de apropiación del Estado. En Entre Ríos, el ciclo político Busti – Urribarri – Bordet dejó una estela de estructuras cuestionadas, causas, investigaciones, informes y escándalos que atraviesan áreas sensibles.
No hace falta inventar nada: alcanza con mirar los “nombres propios” de los circuitos que más se repiten cuando se habla de descontrol y dinero público.
IOSPER: la obra social como botín
Tras la intervención del IOSPER, que luego quedo todo sepultado en la impunidad del sisstema, se descubrieron numerosas irregularidades en gestiones anteriores, incluyendo problemas de transparencia en contrataciones, protesis truchas, compras y administración de fondos.
No es una discusión abstracta: cuando la obra social se convierte en un campo de maniobra, el costo lo paga el afiliado, la prestación, el medicamento, el médico que no cobra, el paciente que espera.
ENERSA: Securitas y la sombra de las coimas
ENERSA aparece atravesada por la causa Securitas, con investigación por presuntas coimas y derivaciones administrativas en la provincia; incluso el propio Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió públicamente a la investigación, minimizandola a pesar de su rol central.
Y la trama no quedó en rumores: hubo allanamientos, detenciones e indagatorias ligadas a ex autoridades de la empresa en el marco de esa investigación. Solo porque intervino la justicia de SAN ISIDRO, la local a pesar de que el robo es a 3 cuadras nunca indago nada.
Contratos truchos: el desfalco en la Legislatura
La megacausa de contratos truchos investigó un desfalco millonario en la Legislatura, con un período señalado en medios y actuaciones judiciales que abarca aproximadamente 2008–2018, y con idas y vueltas procesales que vienen demorando la elevación a juicio.
Otra vez, el patrón: estructura, pantalla, firmas, circuitos, y un Estado donde investigar “hasta el final” cuesta, y el legislador que mas CHEQUES TRUCHOS COBRO ahora preside el TRIBUNAL DE CUENTAS.
Vialidad: expedientes por irregularidades, sobreprecios y obras
La Dirección Provincial de Vialidad también quedó bajo la lupa con expedientes e investigaciones por irregularidades: combustibles, compras, obras mal hechas y posibles sobreprecios, según informes y coberturas periodísticas basadas en documentación del Tribunal de Cuentas.
El antecedente Urribarri: condena por corrupción como símbolo de época
Sergio Urribarri fue condenado en una causa por corrupción (sentencia no firme durante parte de su derrotero), y su detención y decisiones posteriores tuvieron amplia cobertura nacional.
Más allá del expediente, la señal política es obvia: hubo un modo de gobernar que naturalizó la frontera borrosa entre gestión y negocio.
IAFAS: el negocio del juego como caja histórica
En Entre Ríos, el juego —y su administración— es señalado desde hace años como una zona de altísima opacidad y disputa política, con concesiones y un mercado que siempre vuelve al centro del poder.
No hace falta afirmar delitos para entender el problema: donde hay caja y discrecionalidad, sin control real, hay tentación estructural.
Por qué se niegan a tocarlo
Porque una reforma bien hecha, con dientes, tocaría lo que más temen: límites, auditorías, responsabilidades y trazabilidad. Y cuando eso pasa, ya no alcanza con un comunicado ni con una mesa de apellidos ilustres: empieza la era de las preguntas incómodas.
Por eso el PJ dice “no es prioridad”.
Pero lo que en verdad no quieren es otra cosa: que la Constitución bustista deje de ser el corazón operativo de la banda.
