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El gobernador Rogelio Frigerio anunció con bombos y platillos la nulidad de 800 contratos celebrados entre 2008 y 2018 en la Legislatura entrerriana.
Lo hizo como un gesto de transparencia, intentando marcar distancia con el entramado mafioso que caracterizó al régimen Bordet-Kueider. Sin embargo, el efecto jurídico de esa medida es nulo.
No hay devolución de fondos, no hay sanciones ni responsables identificados. Solo un gesto político, tan simbólico como intrascendente desde el punto de vista legal.Y mientras intenta enviar ese mensaje de “fin de época”, Frigerio se topa con una contradicción explosiva: ha designado para “investigar” la corrupción de Edgardo Kueider a nada menos que Julio Rodríguez Signes, su actual Fiscal de Estado, que ocupaba ese mismo cargo durante toda la gestión Bordet.
En otras palabras, se auto-investiga. El zorro en el gallinero.Como si eso fuera poco, el Tribunal de Cuentas que debe auditar los fondos públicos sigue bajo el mando del impresentable Diego Lara, un operador político de Bordet, señalado por mirar para otro lado mientras se saqueaban los fondos de la Legislatura, de IOSPER, de ENERSA, de Vialidad y de todos los organismos que debieron ser controlados y terminaron siendo cómplices del saqueo.
El caso Kueider, que ya tomó repercusión nacional por el video en el que se lo ve contando dinero en la Casa de Gobierno, expuso como nunca antes la descomposición de la gestión Bordet.
Pero lejos de un sinceramiento institucional, la respuesta oficial es una puesta en escena: Rodríguez Signes, el abogado personal de varios funcionarios del viejo régimen, investiga las irregularidades que él mismo refrendó como funcionario público. Y Lara, señalado por enriquecimiento ilícito y uso de bienes del Estado, permanece al frente del organismo que debe controlar los fondos públicos.Frigerio parece querer sepultar los diez años de corrupción con una firma, pero sin enfrentar a los verdaderos responsables. Mientras no remueva a Lara y no impulse una auditoría externa real, sus medidas no tendrán impacto jurídico ni institucional. Serán solo fuegos de artificio para la tribuna.
Porque los contratos truchos no se firmaban solos. Los millones no se evaporaron. Alguien los cobró. Y muchos siguen ocupando cargos clave bajo la misma lógica de impunidad.
La verdadera transparencia llegará cuando los nombres de Lara, Signes y compañía no estén más en los pasillos del poder.
