El escándalo de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana sigue dejando al descubierto los privilegios que se tejieron durante años a espaldas de la ciudadanía. Lo que comenzó como una megacausa por desvío de fondos públicos ya involucra a referentes de todos los sectores políticos, dejando en evidencia que la matriz del acomodo familiar fue transversal al poder, sin distinción de banderas.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Adán Bahl, exvicegobernador y exintendente de Paraná. Durante su gestión municipal y su participación activa en la política provincial, dos de sus hijos —Joaquín y Franco Bahl— fueron designados como contratados de la Cámara de Diputados. Las designaciones incluyeron recategorizaciones y retroactividad a diciembre de 2022. Según se informó, ni siquiera cumplían tareas concretas: uno de ellos ni se presentó a trabajar.
El “festival de contratos” fue tan evidente que las nuevas autoridades debieron anularlos para evitar mayor escándalo.Ahora, con la causa, sale a la luz otro dato que golpea directamente a Juntos por el Cambio.
El diputado provincial Esteban Vitor —uno de los principales críticos del manejo de la Cámara, a la que llamó “un agujero negro que le cuesta muchísimo a los contribuyentes”— tenía a sus tres hijos contratados como personal de obra.
Dos varones y una mujer cobraban cheques de la Cámara mientras su padre exigía austeridad y denunciaba las prácticas del peronismo con tono de cruzado moral. Vitor nunca explicó públicamente el rol de sus hijos, ni si renunciaron, ni por qué —si su discurso es genuino— no se abstuvo de permitirles el ingreso a esa misma estructura que condena.
La causa “Contratos Truchos”, iniciada en 2018, ya reveló un desfalco estimado en más de 53 millones de dólares a través de la emisión de cheques y contrataciones irregulares. Sin embargo, lo que queda claro es que muchos de los contratos que se justificaban “formalmente” escondían nombramientos discrecionales, favores políticos o acomodos familiares. El problema no es sólo la legalidad del acto, sino la legitimidad del privilegio.Los casos de Bahl y Vitor prueban que el uso de la Legislatura como agencia de empleo para hijos y allegados fue parte de un sistema estructural, amparado por pactos de silencio y doble vara ética. Mientras se hablaba de transparencia, se firmaban designaciones a puertas cerradas.
Mientras se apuntaba con el dedo, se protegían los propios beneficios.
La pregunta que queda abierta no es sólo qué hará la Justicia con estos casos, sino qué hará la política.
¿Seguirá condenando el acomodo ajeno mientras se sostiene el propio? ¿O por fin alguien romperá con esta lógica que naturaliza el privilegio y vacía de contenido a las instituciones?
En la Cámara de Diputados de Entre Ríos, no hay inocentes. Sólo herederos del silencio.
