PIEROLA AMENAZABA CON ESCRACHES ANTE FALLOS ADVERSOS
En un caso que expone el lado más oscuro del poder judicial entrerriano, Carlos Guillermo Reggiardo presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga ante la protección institucional que rodea al fiscal Álvaro Piérola. La denuncia incluye la designación ilegal del propio Piérola, su rol en la persecución judicial contra dirigentes y periodistas, y el escandaloso otorgamiento de probation a empresarios implicados en delitos contra la administración pública.
Carlos Guillermo Reggiardo, abogado y denunciante en una de las causas más sensibles del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, confirmó este martes que ha presentado un recurso ante el STJER para que eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario federal. La presentación apunta contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que, de manera arbitraria, desestimó tratar el fondo de la denuncia formulada contra el fiscal coordinador Álvaro Piérola, implicado en múltiples actos de mal desempeño, encubrimiento y armado de causas contra opositores y críticos del sistema.
El expediente, que incluye pruebas documentales y resoluciones internas, fue archivado sin análisis alguno por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento mediante un inédito “rechazo in limine” —sin dar vista al denunciado ni habilitar prueba—, un mecanismo que ni siquiera está previsto en la ley provincial. A pesar de las graves imputaciones, el órgano judicial se limitó a proteger a Piérola sin abrir la investigación, lo que motivó la reacción legal de Reggiardo.
Entre los hechos denunciados se incluye designaciones irregulares del propio Piérola como fiscal coordinador de Paraná, sin concurso ni proceso transparente, en una maniobra que habría contado con el respaldo de figuras claves del oficialismo judicial. También se señalan abusos procesales reiterados, incluyendo medidas persecutorias contra abogados, periodistas y dirigentes políticos críticos del poder provincial. Reggiardo sostiene que Piérola ha sido funcional a un esquema de impunidad y disciplinamiento que atraviesa al Ministerio Público.
Uno de los puntos más sensibles del expediente elevado a la Corte tiene que ver con la probation otorgada a empresarios implicados en causas de corrupción pública, lo que —según el denunciante— responde a pactos por fuera del expediente y refleja un uso político del derecho penal. “Se castiga a quien denuncia y se premia al que roba, A LOS EMPRESARIOS LES REGALAN PROBATION MIENTRAS PERSIGUEN PEREJILES”, señaló Reggiardo en declaraciones radiales días atrás.
La presentación ante la Corte plantea, además, que lo ocurrido en Entre Ríos constituye un caso de gravedad institucional. La denuncia no fue tratada, las recusaciones no fueron respondidas, la prueba no fue evaluada, y el propio Piérola se defendió en el expediente sin haber sido formalmente notificado, lo que vulnera todas las garantías del proceso. Peor aún: según el escrito, el sistema judicial entrerriano cerró filas para blindar a uno de los suyos, en un gesto que pone en jaque la credibilidad del mecanismo de control sobre fiscales y jueces.
“Esto ya no es una cuestión personal. Lo que está en juego es la posibilidad misma de controlar a los funcionarios del Ministerio Público, que se han convertido en una casta sin responsabilidad”, afirmó Reggiardo. “La Corte Suprema tiene que intervenir para evitar que este modelo de impunidad se consolide”, añadió.
La denuncia incluye también el vínculo de Piérola con causas emblemáticas que salpicaron a figuras del oficialismo provincial y que, bajo su intervención, fueron diluidas, archivadas o desviadas sin justificación.
Con esta presentación, Reggiardo busca que el máximo tribunal del país se expida sobre los límites del blindaje corporativo en el poder judicial y abra el camino para una investigación seria y con garantías. El expediente ya está en trámite ante la Corte, y su resolución podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad judicial en la provincia.
