Un expediente ético reabierto sobre hechos ya contestados desata una grave denuncia institucional dentro del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos
Una fuerte denuncia institucional sacude por estas horas al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. El abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó un duro planteo contra el presidente de la institución, Dr. Santiago Esquivel, acusándolo de haber impulsado dos veces la sustanciación de la misma causa disciplinaria dentro del expediente 4353 C.100, pese a que el profesional ya había sido notificado, había contestado el traslado y ejercido plenamente su derecho de defensa más de un año antes.
El caso, que tiene origen en un expediente extremadamente sensible vinculado a denuncias de abuso intrafamiliar y conflicto judicial por la representación de la madre de un menor, ahora escaló hacia una crisis institucional de enorme gravedad dentro del órgano que debería controlar éticamente el ejercicio profesional de la abogacía.
Según surge de la documentación analizada, las primeras denuncias y traslados fueron realizados durante el año 2024. Reggiardo no solo contestó formalmente las imputaciones, sino que además ofreció prueba, testigos y pidió la acumulación de actuaciones. Incluso acompañó denuncias propias contra la letrada denunciante, sosteniendo que existía abandono profesional y una utilización mediática del caso.
Sin embargo, pese a que el trámite ya había sido sustanciado, en mayo de 2026 volvió a notificársele un nuevo traslado dentro del mismo expediente y respecto de los mismos hechos base.
La situación generó un fuerte cuestionamiento jurídico y político dentro de la matrícula.
“Me vuelven a correr traslado de lo mismo. Mismo expediente, mismos hechos, mismas personas y mismas acusaciones. Ya había contestado hace más de un año. Esto no es un error administrativo menor, es una persecución institucional”, sostuvo el abogado en su presentación.
El punto más delicado: la doble sustanciación
El eje de la denuncia apunta directamente contra el rol del presidente del Colegio, Santiago Esquivel.
Según la documentación, Esquivel intervino primero en la resolución que dispuso hacer lugar a la sustanciación disciplinaria y elevar las actuaciones al Tribunal de Ética. Pero posteriormente volvió a intervenir ordenando un nuevo traslado respecto de escritos incorporados en el mismo expediente.
Para la denuncia presentada, ello configura una “reedición improcedente” del procedimiento disciplinario y una violación a principios elementales del debido proceso, como:
- la preclusión;
- la seguridad jurídica;
- el derecho de defensa;
- y la prohibición de persecución reiterada sobre los mismos hechos.
La presentación sostiene además que jamás se explicaron cuáles serían los hechos nuevos que justificarían una nueva imputación ética ni por qué razón correspondía reiniciar el trámite ya sustanciado.
“Si el Colegio puede volver indefinidamente sobre un expediente ya contestado, entonces ningún abogado tiene garantía mínima frente al poder disciplinario interno”, advirtió el letrado.
Un expediente atravesado por un caso sensible
Detrás de la disputa institucional existe un expediente extremadamente delicado relacionado con denuncias de abuso y fuertes conflictos familiares.
Sin revelar identidades protegidas ni detalles que puedan afectar a menores involucrados, el caso expone una disputa sobre la representación legal de la madre denunciante y sobre la intervención posterior de otros profesionales en la causa penal y de familia.
La situación se agravó por la exposición pública del caso, entrevistas radiales, audios y presentaciones cruzadas entre profesionales, transformando un conflicto profesional en una batalla abierta dentro del propio Colegio.
Reggiardo sostiene que ingresó a la causa a pedido de la madre del menor, cuando la relación con la anterior representación ya estaba quebrada. También afirma que la denunciante había sido previamente apartada y cuestionada por su actuación.
Acusan falta de imparcialidad y utilización política del Tribunal de Ética
La denuncia no solo cuestiona el aspecto procesal. También apunta a un presunto uso político del aparato disciplinario del Colegio.
En términos muy duros, el planteo sostiene que el órgano ético dejó de actuar como garantía institucional de la matrícula para transformarse en una herramienta de presión interna.
El abogado afirma que solicitó reiteradamente audiencias institucionales y nunca fue recibido, mientras simultáneamente avanzaban nuevas notificaciones disciplinarias sobre hechos ya contestados.
El caso comienza a abrir un debate incómodo dentro del foro entrerriano:
¿puede el mismo Colegio reabrir indefinidamente actuaciones ya sustanciadas?
¿existen límites reales al poder disciplinario interno?
¿qué garantías tiene un abogado frente a un procedimiento ético manejado por las mismas autoridades políticas de la institución?
Por ahora, la controversia recién empieza.
