En Entre Ríos hay docentes que hacen dedo para llegar a una escuela rural. Hay trabajadores que viajan kilómetros, pagan pasajes de su bolsillo y cumplen destino aunque nadie les acomode la vida. Pero en el Ministerio Público Fiscal parece regir otro sistema: se concursa para una ciudad, se obtiene el cargo, y después se trabaja donde la Procuración decide.
El caso de Facundo Barbosa es paradigmático. Fue designado fiscal para Gualeguay, pero sigue cumpliendo funciones en La Paz. Y la pregunta es inevitable: ¿para qué se concursa en una ciudad si después Jorge Amílcar Luciano García puede mandar a cada fiscal donde quiere?
Barbosa no es un fiscal cualquiera. Es un funcionario polémico, señalado en causas sensibles, incluso en investigaciones vinculadas a abusos, donde ha sido denunciado o cuestionado por el trámite dado a determinadas actuaciones. También carga con expedientes paradigmáticos de La Paz que, según las críticas locales, no han tenido una respuesta institucional a la altura de la gravedad de los hechos.
Pero además, su caso muestra algo todavía más profundo: la convivencia entre el PJ entrerriano y el Ministerio Público Fiscal. Barbosa viene del peronismo. Antes de llegar a fiscal, su trayectoria estuvo vinculada a funciones municipales y políticas: de inspector de tránsito, a abogado de la ciudad de San Gustavo, y de allí al Ministerio Público Fiscal, sin una experiencia judicial previa proporcional al salto institucional que implicaba ocupar una fiscalía.
Desde ese lugar, su actuación ha sido observada por el uso político del cargo. Lo hizo, según se denuncia, en impugnaciones de candidatos electorales, en el tratamiento desigual de denuncias y en la aplicación de una vara para algunos y otra vara para otros. Para determinados sectores, celeridad. Para otros, demora, archivo, indiferencia o silencio.
No es un caso aislado. Ya había ocurrido con Oscar Sobko, fiscal de La Paz, cuyo traslado a Paraná también generó tensión institucional. Ese antecedente mostró el mismo mecanismo: fiscales que acceden a cargos con un destino determinado, pero luego son reubicados por decisión interna del Ministerio Público, invocando potestades funcionales que terminan vaciando de contenido los concursos.
El problema de fondo no es solo Barbosa. Es el sistema. Es una Procuración que se ampara en la autonomía del Ministerio Público para administrar destinos, traslados y funciones como si fueran piezas de una interna política. Y allí aparece la responsabilidad de Jorge Amílcar Luciano García, un procurador que no puede presentarse como neutral: es parte del entramado político vinculado a Rosario Romero y José Carlos Bahl, y su conducción ha consolidado un Ministerio Público más cercano al equilibrio de poder que a la transparencia institucional.
La autonomía del Ministerio Público no fue pensada para esto. Fue pensada para investigar con independencia, no para blindar privilegios. No para que un fiscal concursado para una jurisdicción trabaje en otra. No para que el cargo se use como herramienta de disciplinamiento político. No para que las denuncias avancen o duerman según quién sea el denunciado.
Mientras tanto, los docentes hacen dedo.
Esa imagen resume la obscenidad. Un maestro debe llegar como pueda a la escuela. Un trabajador común debe cumplir horario y destino. Pero algunos fiscales parecen tener un régimen especial: concursan en un lugar, trabajan en otro, responden a una estructura política y quedan protegidos por una corporación que nadie controla.
El caso Barbosa molesta porque muestra cómo funciona realmente el poder en Entre Ríos. Un Ministerio Público Fiscal que dice ser independiente, pero convive cómodamente con el peronismo que lo sostuvo, lo promovió y lo protegió. Una Procuración que debería garantizar legalidad, pero termina administrando privilegios.
En Entre Ríos, la ley pesa para abajo y se acomoda para arriba. Y cuando un fiscal de Gualeguay trabaja en La Paz mientras los docentes hacen dedo, ya no estamos ante una simple irregularidad administrativa. Estamos ante una postal obscena del privilegio judicial y político.
