La causa de los contratos truchos ya no puede leerse como una simple sucesión de nombres sueltos, cheques cobrados por terceros y maniobras administrativas escondidas detrás de papeles prolijos. El propio requerimiento de remisión a juicio en el legajo “Beckman Flavia y otros s/ asociación ilícita y otros” muestra algo mucho más grave: que el mecanismo de extracción de dinero público no se sostenía solamente con estudios contables, recaudadores y operadores de segunda línea, sino también con la intervención de funcionarios y legisladores cuya firma le daba apariencia institucional a una maquinaria montada para saquear recursos del Estado.
En esa trama aparece Juan Carlos Darrichon. Y no aparece de cualquier manera. No surge como un personaje accidental ni como una referencia menor perdida en un expediente voluminoso. Surge en uno de los pasajes más delicados de toda la remisión: aquel en el que la acusación fiscal sostiene que Sergio Esteban Cardoso, en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, y siguiendo expresas instrucciones del entonces presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, requirió a los diputados Navarro, Darrichon y Ruberto la suscripción de al menos diez contratos apócrifos por cada uno, bajo el argumento de que los supuestos contratistas, si no se firmaban esos papeles, se quedarían sin trabajo.
EXTRACTO REMISION A JUICIO
Ese párrafo, por sí solo, altera la lectura completa de la causa. Porque hasta ahí el caso podía ser presentado, como tantas veces se intentó, como una operatoria técnica, un circuito de empleados administrativos, contadores, cobradores de cheques y prestanombres. Pero cuando la propia remisión a juicio ubica a diputados dentro del esquema de suscripción de contratos falsos, la discusión deja de ser solamente contable y se vuelve inevitablemente política. Allí Darrichon aparece como una pieza decisiva: no como quien armó toda la estructura, pero sí como alguien que, según la acusación, quedó ubicado en el punto exacto donde la maniobra necesitaba transformarse en acto institucional.
La importancia de su nombre no está solo en lo que pudo haber firmado, sino en lo que podría explicar. Porque si Cardoso actuaba bajo instrucciones del presidente de la Cámara y si a determinados diputados se les pedía rubricar contratos apócrifos en cantidad, entonces la pregunta ya no es si había desorden administrativo, sino quién daba las órdenes, cómo se distribuían las responsabilidades y hasta dónde llegaba el conocimiento político del engranaje.
Darrichon, en ese contexto, deja de ser un nombre más en una nómina y pasa a ser una llave posible para reconstruir la línea de mandos. Su testimonio podría ayudar a establecer si aquellos contratos eran presentados como un mero trámite, si existía presión interna, si había conocimiento efectivo de la falsedad y cuál era el grado de involucramiento de las máximas autoridades legislativas de la época.
La propia remisión describe un sistema de enorme escala. Sostiene que, entre enero de 2008 y septiembre de 2018, funcionó una organización dedicada a sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura a través de contratos de obra suscriptos con personas que no realizaban prestaciones reales para el Estado, que percibían solo una parte ínfima de los honorarios mientras el resto quedaba en manos del grupo. En el caso de Diputados, la acusación ubica el inicio de esa sustracción luego del 11 de diciembre de 2011. También afirma que entre ambas Cámaras llegaron a suscribirse más de setecientos contratos y que el monto sustraído superaría, a valores actualizados, los dos mil millones de pesos.
Pero hay un punto todavía más demoledor, y es el Tribunal de Cuentas. La remisión a juicio no solo apunta a quienes armaban, firmaban, retiraban, cobraban y distribuían. También afirma que la maniobra contó con un aporte indispensable: la omisión de control por parte de auditores, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, UNO DE LOS DIPUTADOS DIEGO LARA TERMINO PRESIDIENDO EL TRIBUNAL QUE DEJO ROBAR 53 MILLONES DE DOLARES.
La Remision incluso individualiza a funcionarios de ese organismo y sostiene que omitieron deliberadamente ejercer el debido control de legalidad sobre los contratos, permitiendo así la continuidad del sistema pese a que su existencia era conocida dentro del organismo. Si, como sostiene la acusación, durante años hubo omisiones deliberadas de control en el Tribunal de Cuentas, entonces no estamos solamente frente a una banda que encontró agujeros administrativos. Estamos frente a un mecanismo que, según la tesis fiscal, pudo sobrevivir porque tenía cobertura política, ejecución administrativa y tolerancia institucional.
En ese escenario, Darrichon adquiere otro peso. No solo por haber sido mencionado entre los diputados a quienes Cardoso les habría requerido la firma de contratos apócrifos, sino porque su eventual palabra puede ayudar a romper el pacto de opacidad que todavía protege a los niveles más altos de responsabilidad. Si habla, no hablaría únicamente de su propia situación. Podría hablar del modo en que se bajaban órdenes en Diputados, del papel de la presidencia de la Cámara, del sentido real de aquellas firmas y del vínculo entre el circuito administrativo y la conducción política. Podría, en definitiva, correr el velo sobre la fase más incómoda de la causa: la de las decisiones que no se tomaban en la vereda de los cobradores, sino en la cúspide del poder legislativo.
Por eso su nombre importa. Porque en causas como esta hay quienes sirven para contar el mecanismo y hay quienes sirven para explicar el mando. Darrichon pertenece, por cómo surge en la remisión a juicio, a ese segundo grupo. No es solo una firma bajo sospecha. Es una posible puerta de entrada hacia la verdad política de los contratos truchos.
¿SEGUIRAN CON LA TRAMA DE QUE LOS PRESIDENTES DE CAMARA FURON SOLO DESCUIDADOS?
