De la gestión prolija al corazón de un sistema bajo sospecha
En la política entrerriana hay dirigentes que hacen ruido, otros que construyen poder y algunos que, simplemente, permanecen. Juan José Bahillo pertenece a esa última categoría. Nunca fue el más confrontativo, tampoco el más carismático. Pero siempre estuvo. Siempre cerca. Siempre útil.
Durante años cultivó una imagen que le funcionó: la del peronista moderado, razonable, de gestión. Un dirigente que no incomoda demasiado, que dialoga con todos, que puede sentarse con el campo sin que lo miren como enemigo.
El problema es que, cuando uno empieza a mirar más de cerca, esa prolijidad empieza a mostrar fisuras.
El poder real: jefe del bloque en los años clave
Bahillo no fue un actor secundario del poder. Fue presidente del bloque oficialista en Diputados, es decir, el hombre que ordenaba políticamente la mayoría legislativa del peronismo.
Y lo fue en un momento que hoy está bajo la lupa: los años en los que se investiga la trama de los contratos truchos. No hace falta forzar nada. La pregunta surge sola.
¿Cómo puede alguien que conducía el bloque mayoritario en ese período decir que no sabía lo que pasaba? ¿Cómo se explica que un sistema de cientos de contratos irregulares haya funcionado durante años sin que el jefe político del oficialismo legislativo advirtiera, cuestionara o frenara algo?
No es una acusación penal directa. Es algo más incómodo: responsabilidad política.
El intento de blindar el control: el Tribunal de Cuentas
Hay un episodio todavía más revelador, porque no habla solo de Bahillo como dirigente, sino del modo en que el peronismo entrerriano entendía el poder: no solo ocupar el Estado, sino también intentar domesticar los organismos que debían controlarlo.
En 2016, Juan José Bahillo no apareció al margen de esa maniobra. Al contrario: firmó junto a Sergio Urribarri el proyecto para reglamentar el Tribunal de Cuentas y ratificar al frente del organismo a Guillermo Smaldone. No fue una formalidad administrativa ni una discusión menor sobre técnica legislativa. Fue una decisión política de fondo. El oficialismo avanzaba para darle cobertura institucional a un hombre propio en el mismo lugar desde donde debían revisarse, observarse y eventualmente cuestionarse los manejos del poder.
Y el tiempo terminó siendo brutal con esa maniobra. Años después, Guillermo Smaldone reconoció judicialmente haber cobrado dádivas en un esquema de corrupción ligado al Estado. Es decir, el funcionario que el oficialismo quiso blindar desde la política terminó admitiendo su participación en prácticas que encajan exactamente con aquello que debía prevenir, detectar o denunciar.
Fue el primer intento, que luego lograron con DIEGO LARA (el diputado que cobro mas de 400 cheques de contratos truchos) ingrese al TRIBUNAL DE CUENTAS para tranquilidad PERONISTA.
Y ahí aparece una verdad incómoda que el relato prolijo sobre Bahillo no puede tapar: detrás del dirigente moderado, del gestor razonable, del peronista dialoguista, hubo también un cuadro político dispuesto a acompañar el blindaje institucional de un esquema que con el tiempo quedó manchado por la corrupción.
De Smaldone a Lara: el control bajo sospecha permanente
Cuando Smaldone cayó, no cambió la lógica del poder: cambió el nombre del funcionario. El Tribunal de Cuentas no fue saneado ni reformado en serio, sino que volvió a quedar en manos de otro dirigente político, Diego Lara, cuya llegada también estuvo rodeada de cuestionamientos, denuncias y sospechas fue empujado por la entonces ministra de gobierno ROSARIO ROMERO.
La señal fue clara: el problema nunca fue un hombre aislado, sino un mecanismo de ocupación del organismo de control por parte del mismo sistema político que debía ser controlado.
Por eso el punto de fondo no pasa solo por Smaldone o por Lara en particular. Lo verdaderamente grave es la continuidad de un modelo en el que el Tribunal de Cuentas, en vez de aparecer como una institución independiente, termina una y otra vez envuelto en discusiones sobre alineamientos partidarios, blindajes y encubrimientos. Y en esa secuencia, Bahillo no aparece como alguien ajeno al proceso, sino como parte de la estructura política que acompañó y sostuvo ese modo de manejar el poder.
La nueva causa: Jóvenes Emprendedores
Como si el pasado no alcanzara, el presente empieza a parecerse demasiado.
La causa Jóvenes Emprendedores no nació de una denuncia mediática ni de una interna política. Nació de un informe del propio Tribunal de Cuentas. Y lo que describe la investigación es inquietante:
créditos otorgados a nombre de terceros, personas que cobraban solo una parte del dinero —o directamente nada—, beneficiarios que terminaban endeudados sin haber recibido el monto completo.
Un mecanismo que, en su lógica, recuerda demasiado a los contratos truchos. El dato político es imposible de esquivar: ese programa pasó por áreas clave del Estado entrerriano que estuvieron bajo la órbita de Desarrollo Social primero y Producción después. Es decir, volvió a transitar por espacios donde las decisiones no eran técnicas, sino políticas. Y otra vez, Bahillo aparece en el mapa junto a Laura Stratta, como responsables de dicho saqueo.
La Justicia y el freno: la Sala Penal
Cuando la investigación empezó a avanzar —y puso el foco en algo clave como los teléfonos, los cruces de llamadas y el movimiento del dinero— el expediente entró en una zona más compleja.
La Sala Penal del Superior Tribunal, con votos de Carubia y Mizawak, habilitó la queja de las defensas.
No es un detalle menor. Es una decisión que impacta directamente en el ritmo del expediente.
Porque cuando lo que está en juego es la reconstrucción de vínculos, de llamadas, de transferencias, cada paso judicial define cuánto se puede avanzar… y cuánto se frena.
Meses después, esa discusión seguía abierta. Y el punto más sensible de la investigación, todavía en disputa.
El problema no es Bahillo: es lo que representa
Tal vez el error sea mirar esto como un problema individual. Bahillo no es un dirigente fuera de control. No es un marginal del sistema, es, justamente, lo contrario.
Es el dirigente que siempre encaja. Que siempre está. Que siempre encuentra su lugar. Y ahí está el verdadero problema. Porque lo que su recorrido muestra no es una anomalía, sino una lógica: la del dirigente que atraviesa distintas etapas del poder sin romper nunca con sus estructuras, sin cuestionarlas de fondo, sin quedar nunca afuera.
La pregunta final
Durante años, Bahillo fue presentado como el peronista razonable. El gestor serio. El dirigente confiable. Pero hoy esa imagen convive con otra realidad. La de alguien que ocupó lugares clave en momentos donde el Estado entrerriano aparece atravesado por mecanismos de corrupción sistemática, que participó en decisiones institucionales sensibles, y que sigue siendo parte de un sistema que todavía no termina de dar explicaciones.
Entonces la pregunta ya no es judicial. Es política. Y es mucho más incómoda: ¿Bahillo es la excepción dentro del sistema… o es, en realidad, su expresión más perfecta?
