La reacción de la hermana de Guillermo Michel llegó después de la publicación de datos patrimoniales asentados en documentos públicos. Pero el episodio no se agota en una discusión familiar ni en un enojo en redes: vuelve a poner en primer plano el lugar que ocupó el ex titular de la Aduana en uno de los dispositivos más sensibles del último tramo del gobierno de Alberto Fernández, cuando las importaciones, los dólares y las autorizaciones estatales quedaron concentrados en el sistema SIRA.
La respuesta de Nadia Michel contra La Caldera buscó presentar la publicación como si se tratara de una interpretación caprichosa del medio. Sin embargo, el punto de partida fue mucho más concreto: la información patrimonial difundida surge de documentación pública y no de una tasación ni de un “análisis inventado” por terceros. El conflicto, en realidad, aparece cuando esos papeles dejan de ser un expediente olvidado y pasan a ser leídos en clave política, en un contexto donde el apellido Michel ya no remite sólo a una historia personal o familiar, sino también a una trama de poder, aduana, comercio exterior y manejo de autorizaciones estatales.
Ese contexto importa. Guillermo Michel fue designado en 2022 al frente de la Dirección General de Aduanas y dejó ese cargo en diciembre de 2023, al cierre de la gestión anterior. En paralelo, durante ese período, el Gobierno puso en marcha el SIRA, presentado oficialmente como un sistema destinado a dar “previsibilidad y trazabilidad” a las importaciones. Pero, en los hechos, el corazón del esquema estaba en otra parte también: cada autorización de importación quedaba vinculada a la posibilidad de acceder al mercado de cambios, es decir, a los dólares. En un país con reservas tensas y cepo reforzado, ese mecanismo convirtió al sistema en una llave política y económica decisiva.
Por eso no tiene sentido narrar las SIRA como si hubieran sido apenas una oficina técnica o una ventanilla administrativa. La Aduana no podía ser ajena a ese circuito, precisamente porque la administración del comercio exterior y el control documental de las operaciones formaban parte del mismo engranaje que luego impactaba sobre el acceso a divisas. El propio diseño normativo ligó la declaración SIRA con la operatoria cambiaria, de modo que el sistema terminó funcionando como un punto neurálgico donde se cruzaban importaciones, autorizaciones y dólares escasos.
En ese marco, la discusión sobre el patrimonio de quienes integraron o rodearon ese universo de poder no es un detalle lateral. Tampoco lo son las denuncias y cuestionamientos políticos que se fueron acumulando alrededor de Michel. Ya en 2022, diputados de la Coalición Cívica habían pedido que se investigara su situación cuando asumió en Aduana, y en 2025 la interna peronista entrerriana volvió a ponerlo en el centro de una denuncia en la que incluso se mencionaron audios atribuidos a Marcela Pagano sobre su supuesto papel como financista político. Son elementos de distinta naturaleza, pero todos convergen en una misma zona: la de un dirigente asociado a espacios donde el poder económico y el poder administrativo se tocan demasiado de cerca.
Ahí es donde la reacción de Nadia Michel deja de parecer una mera defensa familiar. Lo que molesta no parece ser sólo una publicación puntual, sino la conexión más amplia que esa publicación habilita. Porque cuando se revisan declaraciones juradas, bienes, valuaciones y titularidades, no se está hablando sólo de un patrimonio: se está hablando de la huella material que deja el paso por lugares estratégicos del Estado. Y cuando esos lugares estratégicos fueron, además, piezas relevantes en el sistema con el que el gobierno de Alberto Fernández administró importaciones y dólares, el interés periodístico crece de manera inevitable.
Por eso la defensa basada en atacar al medio tiene un límite claro. La Caldera podrá ser incómoda, incisiva o molesta, pero eso no altera el dato central: el SIRA no fue un asunto menor ni neutro, sino una herramienta decisiva de administración económica; la Aduana fue parte de ese dispositivo; y Michel ocupó allí un cargo clave durante esa etapa. A partir de ahí, el escrutinio sobre el patrimonio, los vínculos y el estilo de vida de quienes orbitaban ese poder no sólo es legítimo: es parte del trabajo periodístico más elemental.
