Una chica de 15 años termina en el Hospital San Martín, operada y con transfusiones. Y la respuesta del sistema, solemne y prolija en el papel, es una cachetada: 30 días de “preventiva”… pero domiciliaria.
Preventiva en casa. Casi un chiste, si no fuera una tragedia.Según se informó, el juez de Garantías de La Paz Ramón Lell dispuso esa modalidad para el imputado (22 años). Todo “dentro de la ley”, dicen. Pero el resultado es el mismo de siempre: la víctima cargando el infierno, y el Estado administrando comodidad.
La domiciliaria en estos casos no es prudencia: es perfume institucional de impunidad. En pueblos donde todos se conocen, donde el miedo se contagia, donde la familia queda expuesta, la “cautela” judicial suele funcionar como coartada: se cuida el expediente, no a la persona.
Otra vez, la justicia entrerriana elige el lado equivocado: el de la formalidad fría, el de la mínima reacción, el de mirar el horror como trámite. Y mientras el tribunal calcula riesgos, la realidad sangra.
La Caldera lo dice simple: cuando el Estado responde así, no está garantizando derechos: está enseñando que la víctima puede esperar.
