El Honorable Concejo Deliberante denunció públicamente al Departamento Ejecutivo Municipal por una serie de acciones que, según afirma, vulneran la autonomía del poder legislativo local y paralizan su funcionamiento básico. La situación fue calificada como de “extrema gravedad institucional”.
Mediante un comunicado oficial fechado el 7 de enero de 2026, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante advirtió a la comunidad sobre un conflicto abierto con el Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por Alcides Alderete, al que acusa de incurrir de manera sistemática en conductas que afectan el principio republicano de independencia de poderes.
Según el documento, el Ejecutivo estaría impidiendo el uso de los recursos económicos que legal y presupuestariamente corresponden al Concejo, lo que ha generado una virtual parálisis de la actividad legislativa. Entre las situaciones denunciadas se destacan la no habilitación del pago de salarios del personal, el desconocimiento de resoluciones internas válidamente dictadas, y la imposibilidad de adquirir insumos básicos y bienes necesarios para el funcionamiento institucional.
El comunicado también señala una restricción total al acceso a las partidas presupuestarias destinadas a bienes y servicios, lo que —según la Presidencia del cuerpo— impide el normal desarrollo de las funciones de control, debate y representación que le asigna la normativa vigente al Concejo Deliberante.
Uno de los puntos más sensibles expuestos es que el Ejecutivo retendría los recursos necesarios para que el Concejo pueda contratar asistencia legal, lo que le impediría recurrir a la justicia contencioso administrativa para resolver el conflicto por las vías institucionales correspondientes. Esta situación se agrava, según se explica, por el hecho de que el Concejo no cuenta con tesorería propia, dependiendo materialmente del Ejecutivo para la administración de los fondos que le pertenecen.
Desde la Presidencia del cuerpo legislativo se afirma que este escenario configura un avasallamiento institucional y una suspensión de hecho de la autonomía del poder legislativo local, afectando no solo a los concejales sino también al sistema democrático y al derecho de la ciudadanía a ejercer el control sobre el Ejecutivo.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales, y sin que hasta el momento se hayan hecho eco de la situación, el Concejo Deliberante decidió hacer público el conflicto a través de los medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar lo que considera un atropello institucional.
“El silencio institucional, en este contexto, contribuye a consolidar ese objetivo”, advierte el comunicado, que concluye remarcando que la defensa de la autonomía legislativa y del equilibrio entre poderes no constituye una disputa política, sino una obligación democrática.
El documento lleva la firma de la profesora Soledad Zurdo, presidenta del Honorable Concejo Deliberante.
