En Entre Ríos los decorados valen más que la transparencia. Mientras 95 corredores inmobiliarios reclaman por gastos millonarios sin control, Paula Armándola —presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y, al mismo tiempo, integrante del Consejo de la Magistratura— sigue blindada en sus cargos. Sí, la misma persona que debe opinar y decidir sobre quién será juez en la provincia es la que justifica $81 millones en refacciones con facturas tan desopilantes como 9 millones en cartelería, 10 millones en carpintería, 1,6 millones en cortinas y un cuadro de $612.500 comprado a su propia pareja.
El disparate no termina ahí. Cuando casi un centenar de matriculados reclamó su remoción, el pedido fue ignorado por “formalismos”, como si la democracia corporativa dependiera de un truco de escribanía. Y mientras tanto, Armándola se despachaba con la defensa más cínica de la temporada: “Cuando uno pone orden, los que se beneficiaban del desorden se enojan”. Traducción: gastar a discreción es orden, cuestionar es desorden.
La ironía golpea sola: una dirigente acusada de malversar en cortinas y cuadros íntimos es quien elige jueces, fiscales y defensores. El Consejo de la Magistratura, que debería ser sinónimo de transparencia, queda reducido a un espejo de lo mismo: gastos sin control, decisiones arbitrarias y una justicia moldeada al antojo de quienes manejan la caja.
En Entre Ríos la farsa está completa. Un Colegio profesional transformado en boutique millonaria, una presidenta aferrada al sillón y un Consejo de la Magistratura colonizado por la lógica del gasto obsceno. Lo que debería ser garantía de imparcialidad se parece más a un shopping de favores. Y el precio, como siempre, lo paga la sociedad.
