La designación de Lisandro Amavet como Defensor del Pueblo de Paraná confirma una lógica conocida: cuando un cargo nace para controlar al Estado, el Estado se encarga de ocuparlo antes. No hubo sorpresa. El concurso fue una formalidad prolija para legitimar una decisión tomada de antemano.
Amavet no llega desde la sociedad civil ni desde la defensa de derechos colectivos. Llega desde el corazón mismo de la gestión municipal, como funcionario en ejercicio, parte del esquema político y administrativo que ahora debería fiscalizar. No es un dato menor: es el dato central. La independencia no se declama, se construye, y acá directamente se la descartó.
La normativa es clara —aunque nadie pareció leerla con honestidad intelectual—: el Defensor del Pueblo existe para incomodar al poder, no para administrarle conflictos. Sin embargo, Paraná optó por un perfil confiable, previsible, alineado. Un cuadro formado en la gestión, sin antecedentes relevantes de confrontación institucional ni propuestas sólidas para el cargo. Su presentación fue tan liviana como funcional: generalidades, buenas intenciones y ningún compromiso concreto.
El trasfondo político tampoco es inocente. Amavet forma parte del entramado progresista institucional que en Paraná orbita alrededor de Rosario Romero y de figuras como Sara Lipovetsky: un ecosistema donde el discurso de derechos convive cómodamente con la ocupación estratégica de organismos de control. No es una acusación personal; es un modelo. Los espacios que deberían ser contrapeso se convierten en zonas amortiguadas del poder.
La votación casi unánime en el Concejo Deliberante no expresa consenso social, sino disciplina política. Cuando oficialismo y oposición votan sin conflicto un cargo que debería ser incómodo para todos, el problema no es la armonía: es el vacío.
La Defensoría del Pueblo no necesita funcionarios obedientes ni gestores prolijos. Necesita independencia, conflicto y coraje. Paraná eligió lo contrario. No es ilegal. Pero es profundamente regresivo en términos republicanos.
El mensaje es claro: el poder no se controla, se administra. Y el ciudadano, una vez más, queda del otro lado del mostrador.
