La reforma del estatuto de la UADER no es un detalle técnico ni una mejora administrativa: es una decisión política que recorta democracia. Habilitar la re-reelección del rector y de los decanos hasta por tres mandatos consecutivos significa debilitar el principio básico de alternancia, pilar histórico del sistema universitario argentino.
La alternancia no es un capricho ni una consigna vacía. Es el único mecanismo que evita que las universidades se conviertan en estructuras cerradas, gobernadas por los mismos nombres, las mismas lógicas y los mismos acuerdos de poder durante años. Cuando la conducción se perpetúa, el cogobierno deja de ser un espacio de debate real y pasa a funcionar como una ratificación automática de decisiones ya tomadas.
Resulta llamativo —y profundamente contradictorio— que muchos de los sectores que celebran esta reforma sean los mismos que, hacia afuera, denuncian con vehemencia cualquier forma de concentración de poder. Puertas adentro, sin embargo, votan estatutos cerrados, sin debate público amplio, que garantizan continuidad personal más que proyectos colectivos.
No se trata de legalidad: puede ser formalmente válido. El problema es político e institucional.
Una universidad que habilita la permanencia prolongada de sus autoridades pierde autoridad moral para hablar de democracia, participación y pluralismo.
Porque la democracia no se declama en documentos: se practica con reglas que aseguren recambio, control y límites claros.
La re-reelección universitaria no es modernización. Es RERRE: retroceso, encierro y concentración. Y cuando eso ocurre en una universidad pública, la señal es clara y preocupante.
