Graciela Bar volvió a escena para advertir sobre el “grave retroceso” que implicaría la Ley de Libertad Educativa. Habla de derechos, de Estado presente y de escuela pública. El punto no es que opine, sino desde qué autoridad moral pretende hacerlo.
Bar se sube al pedestal de la “defensora de la educación” con una caradurez construida en décadas de cambio de rol según sople el viento: cuando gobiernan otros, se disfraza de gremialista combativa; cuando gobierna el peronismo, se sienta del lado del presupuesto, las designaciones y los concursos a medida. En la derrota, megáfono; en la victoria, silencio de despacho.
No es una maestra más preocupada por lo que pasa en el aula. Fue presidenta del Consejo General de Educación en más de una etapa y senadora nacional peronista. Es decir: formó parte del dispositivo que diseñó, ejecutó y sostuvo el modelo educativo que hoy está en crisis. Si hoy se discute una nueva ley es porque lo que hay fracasó. Y ese fracaso lleva, entre otras, su firma política.
¿Qué dejó esa gestión? Escuelas deterioradas, conflicto permanente con los docentes, desinversión encubierta y un CGE transformado en agencia de empleo para amigos, asesorías y cargos políticos. Nada de eso lo inventó Milei: es el piso sobre el que ahora se monta el experimento liberal de la “libertad educativa”.
A eso se suma la “familia en el Estado permanente”. En Victoria se comenta, sin demasiado pudor, cómo su influencia pesó para ubicar a su entorno en cargos sensibles, como el caso de su nuera en la Secretaría de Gobierno de la gestión Castagnino, pese a la falta de experiencia real. No es el modelo de la escuela pública meritocrática; es el manual del acomodo de siempre, nunca transparentado ni revisado.
El llamado “modelo Graciela Bar” encaja perfecto en la línea de otras presidencias del CGE: jubilaciones y reenganches, asesorías “ad honorem” que terminan pagadas, concursos eternos y sueldos superpuestos. Un sistema en el que muchos se jubilan, pero siguen cobrando de una u otra ventanilla. Opacidad como regla y continuidad de apellidos como política de Estado.
Mientras tanto, Bar se recicla como opinadora profesional: columnas, entrevistas, documentos contra el “retroceso”. Incluso se anima a tratar de “mediocres” a los que gobiernan hoy, sin una sola línea de autocrítica sobre el deterioro acumulado bajo su propia gestión.
La Ley de Libertad Educativa merece un rechazo firme porque abre la puerta al negocio privado y a más desigualdad. Pero no cualquiera puede encabezar esa bandera. Quienes fueron responsables del derrumbe del modelo actual no pueden hacerse los sorprendidos ni ocupar el lugar de salvadores de la escuela pública.
Graciela Bar puede seguir hablando. Lo que no puede exigir es amnesia social. Antes de señalar el “grave retroceso” ajeno, habría que revisar el propio: un sistema educativo usado durante años para garantizar la continuidad de los mismos nombres en los mismos escritorios. Ese modelo no empezó con Milei. Y tiene nombre y apellido.
