El discurso de apertura de sesiones 2026 dejó algo claro: el gobernador volvió a elegir un tono administrativo, centrado en el “orden fiscal”, la “transparencia”, la “eficiencia” y la “modernización del Estado”. Todo correcto en términos formales. El problema es que esa narrativa evita deliberadamente los conflictos institucionales más graves que atraviesa la provincia.
Hablar de orden no es lo mismo que hablar de responsabilidades. Repetir la palabra transparencia no equivale a enfrentar la corrupción. Y ahí aparece el dato político central: no utilizó la palabra “corrupción”.
En una provincia con antecedentes pesados en materia de desmanejo de fondos públicos, redes de contrataciones irregulares y causas que salpican a distintos sectores del poder, el silencio no es neutral. Es una decisión.
Transparencia sin denuncias concretas
Frigerio habló de gastos reservados, de control, de digitalización, de reducción de privilegios. Pero no anunció denuncias nuevas, no informó avances concretos en investigaciones sensibles, no mencionó responsables con nombre y apellido.
Nada dijo, por ejemplo, del escándalo de los más de 500 cheques presuntamente truchos vinculados al presidente del Tribunal de Cuentas, un hecho que sacudió la credibilidad del órgano encargado justamente de controlar la legalidad del gasto público. Si el organismo de control aparece involucrado en irregularidades, el tema no puede tratarse como un detalle menor. Sin embargo, en el mensaje oficial no hubo referencia alguna.
Tampoco hubo mención a la situación de Rodríguez Signes, señalado por su rol como síndico en múltiples empresas estatales y cuestionado por presuntas maniobras irregulares. Si la discusión es sobre transparencia y control, el silencio sobre quienes ocupan posiciones estratégicas en entes públicos resulta, como mínimo, llamativo.
La transparencia declamada pierde peso cuando no se traduce en acciones visibles contra casos concretos.
IOSPER: gestión, pero no escándalo
En relación con IOSPER, el gobernador defendió la intervención y la transformación institucional hacia un nuevo esquema. Lo presentó como un proceso de ordenamiento, reducción de costos y profesionalización.
Pero no se avanzó en un diagnóstico profundo sobre las responsabilidades políticas y administrativas que llevaron a la crisis. Se habló de reestructuración, pero no de sanciones. Se habló de eficiencia, pero no de corrupción.
Cuando un sistema colapsa, no alcanza con rediseñar el organigrama. Hay que explicar qué pasó y quién responde.
Reforma judicial: el gran ausente
Otro punto llamativo fue la ausencia de un planteo integral de reforma judicial. No hubo un capítulo fuerte sobre la crisis de confianza en el Poder Judicial provincial, ni propuestas estructurales para revisar su funcionamiento, sus mecanismos disciplinarios o su independencia real.
El único eje en el que la cuestión judicial aparece con énfasis es el de los juicios laborales, en línea con planteos anteriores del propio gobernador sobre el impacto económico de la litigiosidad. Es decir, la preocupación parece estar más vinculada al costo de los procesos que a la calidad institucional del sistema.
En una provincia donde la percepción social sobre la justicia está deteriorada, limitar el debate a la cuestión laboral resulta insuficiente.
El problema no es el orden; es lo que se omite
Nadie discute la necesidad de ordenar cuentas públicas, reducir gastos superfluos o mejorar la administración. El punto es otro: orden sin rendición de cuentas es administración de la herencia, no transformación.
Si el discurso evita hablar de corrupción, si no menciona denuncias concretas, si no aborda los escándalos que afectan a organismos de control, si no impulsa una reforma judicial profunda, entonces la narrativa de transparencia queda incompleta.
La política no se mide solo por lo que anuncia, sino también por lo que calla.
Y en 2026, Frigerio volvió a callar sobre los temas que más erosionan la credibilidad institucional de Entre Ríos.
