Mientras numerosos trabajadores siguen con incertidumbre por la continuidad de sus contratos, la difusión de la Lista de Renovación de Contratos del OSER volvió a desatar críticas y sospechas sobre los criterios reales que aplica el gobierno provincial que encabeza Rogelio Frigerio.
La discusión ya no se limita a una nómina administrativa: en varios puntos de la provincia crece la percepción de que las renovaciones no responden a desempeño, necesidad del servicio o transparencia, sino a un esquema de premios, alineamientos y blindaje político, con el OSER funcionando como una caja sensible en tiempos de ajuste.
Entre los casos que circulan aparece la renovación de Mariela Correa, vinculada en el plano local a un comunicador radial, TITO RETAMAR, lo que reavivó un planteo que se repite en distintos departamentos: que el oficialismo provincial estaría replicando una práctica habitual en la política entrerriana, sostener con contratos y pauta a comunicadores o medios afines, generando un periodismo que actúa más como boletín oficial que como control democrático.
En ese marco, el señalamiento es directo: se habla de “periodismo ensobrado”, una modalidad que no sería excepcional sino habitual, basada en “llenar de pauta” y contratos a quienes garantizan cobertura amigable, silencio o ataques selectivos contra opositores y denunciantes. Lejos de tratarse de rumores aislados, distintas voces vienen denunciando cómo operan estas prácticas en varias ciudades.
Las menciones se repiten en Gualeguay, Victoria y Paraná, donde ya hubo cuestionamientos públicos y denuncias sobre la relación entre política, pauta y medios, con una lógica que termina debilitando la función del periodismo: en lugar de informar y controlar, se instala un sistema donde muchos terminan dependiendo del poder de turno para sostener ingresos, contratos o presencia oficial.
Así, la polémica por OSER no es solamente un debate sobre renovaciones: es un síntoma de un modelo más amplio. Si el gobierno provincial exige austeridad, recorta y deja empleados en riesgo, pero al mismo tiempo sostiene “contratos de lujo” o vínculos con el circuito comunicacional alineado, la conclusión política es inevitable: hay ajuste, pero selectivo.
Y la pregunta que queda abierta es la más incómoda para Frigerio: si estos son los criterios de renovación, ¿quién controla, quién audita y quién explica por qué algunos continúan y otros no? ¿Se premia gestión y mérito, o se premia pertenencia, obediencia y blindaje mediático?
