En estos días salió publicada una nota que muestra que Entre Ríos tiene un salario promedio de $962.039, muy por debajo de la media nacional de $1.483.740 y también por debajo de provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba. No es solo un dato técnico: es la confirmación estadística de algo que la gente viene sintiendo hace años en la calle, en el súper y en la boleta de la luz: vivimos en una provincia objetivamente rica, con sueldos de pobre.
Porque Entre Ríos no es una provincia marginal: produce alimentos, energía, madera, tiene puertos, rutas, turismo, industria. La torta está. El problema es cómo se reparte y qué pasó con esa riqueza en los últimos veinte años. Ahí aparece el verdadero modelo: cada rincón del Estado como un curro, cada estructura como una caja, cada decisión importante como una oportunidad para algún grupo amigo, mientras el salario real se fue quedando sistemáticamente atrás.
En paralelo, los órganos que tendrían que haber sido freno de mano fueron garantía de impunidad. Un Tribunal de Cuentas casi vitalicio y un Fiscal de Estado atornillado al cargo acompañaron, maquillaron o minimizaron durante más de dos décadas los mismos mecanismos: contrataciones directas, fideicomisos oscuros, entes y programas usados como peaje político. No es que no hubiera señales: es que el sistema se acostumbró a mirar para otro lado siempre que el negocio fuera “de la casa”.
Por eso esta noticia sobre los salarios no es inocente ni aislada: es la consecuencia lógica de 22 años de gobierno donde la prioridad nunca fue mejorar el ingreso del que labura, sino sostener la red de cajas. Lo que hoy falta en el recibo de sueldo, en la escuela, en el hospital o en la obra pública, apareció en patrimonios personales, campañas eternas y estructuras partidarias que viven del Estado mucho mejor que cualquier trabajadora o trabajador formal.
Si este dato sirve para algo, debería ser para empezar a decirlo sin vueltas: no alcanza con cambiar de gestión si no se desarman las cajas y no se ponen límites reales a quienes deben controlar el uso de la plata pública. Mientras el modelo siga siendo “provincia rica, gente pobre y una minoría muy cómoda sentada sobre las cajas”, cualquier estadística salarial futura va a repetir la misma historia, con otro número, pero con la misma injusticia de fondo.
