En Mar del Plata, el caso del exjuez federal Jorge Ferro ya no es rumor ni comentario de tribunales: el Ministerio Público Fiscal pidió su elevación a juicio oral. La acusación lo ubica en una conducta típica de “juez que juega”: incumplimiento de deberes por haber favorecido —con decisiones y omisiones— a un estudio jurídico ligado a un imputado de la causa del prostíbulo Madaho’s (trata y lavado). El requerimiento también impulsa que siga la investigación patrimonial por posible enriquecimiento ilícito y pide juzgar a abogados del estudio por tráfico de influencias agravado.
En Victoria, Entre Ríos, el foco no está en un pedido fiscal de juicio oral sino en otra cosa: una denuncia política y judicial sostenida de que el juzgado de Luis Francisco Márquez Chada —Civil y Comercial con competencia laboral— opera con una lógica de amigos y no amigos, atravesada por vínculos personales y familiares. La denuncia es que habría favorecido a numerosos litigantes en causas laborales y civiles, incluso en situaciones donde aparecen relaciones previas incompatibles con la imparcialidad. Dentro de ese cuadro, se señala especialmente la cuestión Bosch: el juez habría tenido vínculo profesional previo con Sergio Bosch, y aun así se lo vincula con expedientes donde ese entorno gravita; y, como si eso no alcanzara, se denuncia un entramado familiar donde la propia madre del juez, Angélica Chada, habría sido abogada defensora de Bosch en otras causas y hasta trabajó con él, alimentando la idea de “todo queda en familia”.
El problema no es solo lo que se denuncia que pasa “adentro” del juzgado: es cómo se construyó el poder “afuera”. Márquez Chada llegó con un recorrido que se transformó en emblema del acomodo: fue designado interinamente en 2017 con 27 años, y en el concurso para titular el cargo ocurrió el giro que marcó su historia: en el examen quedó séptimo, pero la entrevista personal —el tramo más discrecional— lo reposicionó y lo dejó tercero. Con ese resultado, el Ejecutivo envió al Senado el pliego del tercero, rompiendo la práctica de impulsar al primero del orden de mérito; y el acuerdo legislativo salió con velocidad política.
Ese acuerdo consta en la Resolución del Senado de Entre Ríos del 30/11/2022, firmada por María Laura Stratta como presidenta de la Cámara alta. Y ahí aparece el hilo conductor: Stratta no es una figura externa a ese mundo. Su propio perfil público registra que fue asesora de la Convención Constituyente y, en ese marco, trabajó como asesora del convencional Luis Miguel Márquez, padre del juez. A la vez, en la política entrerriana, Luis Márquez aparece como exdiputado provincial y como actor de la interna PJ, con participación en armado y campañas (incluida la etapa del Frente para la Victoria en 2007, donde también fue candidato).
El cuadro se completa con el dato institucional que muestra cómo reacciona el sistema cuando el señalamiento sube: una denuncia por supuesto mal desempeño contra Márquez Chada fue rechazada “in límine” por el Jurado de Enjuiciamiento, es decir, sin abrir trámite de fondo. Por eso la comparación con Ferro molesta: en Ferro hay acusación y pedido de juicio oral; en Victoria, lo que domina es la denuncia de favores, vínculos y selectividad, sobre una base de acceso al cargo que quedó marcada por el salto del séptimo al tercero y el pliego del tercero. Dos historias, dos velocidades, dos reacciones del poder. Y un mismo interrogante: cuándo la justicia deja de ser un servicio público y pasa a ser un territorio administrado por red, apellido y lealtades.
De Madaho’s al “FRANCISCO MARQUEZ”: cuando a Ferro lo mandan a juicio y en Victoria nadie toca al juez
