El miércoles 18 de febrero de 2026, a las 9, arranca en Concepción del Uruguay el juicio oral contra Juan Enrique Ruiz Orrico, exfuncionario entrerriano que manejaba un auto oficial del Instituto Portuario y terminó matando a cuatro trabajadores en la Ruta 39, un debate que llega con una carátula que ya suena a anticipo del problema porque se lo juzga como “homicidio culposo agravado”, es decir, dentro de una figura que, aun con agravantes, suele dejar la sensación de que el castigo posible queda chico frente a lo irreversible. No se Juzgara el uso indebido del bien publico.
El choque fue el 20 de junio de 2024, de madrugada, cuando Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 g/l de alcohol en sangre, cruzó de carril y se llevó por delante al auto donde iban cuatro obreros que no volvían de un festejo sino que iban a trabajar, y esa sola escena —laburo contra poder, rutina contra privilegio— es la que vuelve intolerable que el caso se intente explicar con el tono frío de un expediente.
Pero si este juicio tiene un costado político que no se puede separar del impacto social es porque Frigerio era el gobernador y una de las banderas de inicio de gestión fue, justamente, la de terminar con el “privilegio” de los autos oficiales para uso personal, una decisión formalizada por decreto que ordenó a las áreas del Estado entregar los vehículos “no indispensables” en cinco días, con un relato público de austeridad y reasignación, presentado como ruptura con los estilos anteriores.
Ahí aparece el choque de frente, no ya en la ruta sino en el discurso, porque mientras se difundía la idea de que se acababan los autos para funcionarios, el caso Orrico explota con un dato que no es accesorio sino central para la indignación: la tragedia ocurre con un auto del Estado, de un organismo provincial, en manos de un funcionario que había bebido y que terminó matando a cuatro personas, y aunque el juicio penal esté concentrado en las muertes, el uso del bien público queda flotando como un agujero moral del que nadie se hace cargo con la misma energía con la que se hizo propaganda.
El doble discurso se vuelve todavía más evidente cuando se recuerda un antecedente que hoy vuelve a circular en redes y medios porque golpea en el mismo lugar: Mauricio Colello, por entonces hombre del riñón político de Frigerio en el plano nacional, protagonizó en octubre de 2016 un choque en el microcentro porteño al mando de un vehículo oficial y con alcoholemia por encima de lo permitido, un episodio que él mismo vinculó a una supuesta “reunión de trabajo”, y que fue informado por distintos medios en su momento.
Por eso el caso Orrico no se lee solo como una causa vial, se lee como una escena completa de época, con la austeridad usada como eslogan y el privilegio sobreviviendo en la práctica, con el Estado predicando una cosa mientras un auto del Estado termina siendo el instrumento de una masacre, y con una calificación penal que vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que más quema porque no es técnica sino humana: cómo se explica que cuatro muertos queden encerrados en una escala donde el techo parece más pensado para que el sistema no se incomode que para que las familias sientan que hubo justicia.
Seguramente entre excusaciones de los amigos de la esposa y apelaciones la causa lo tendra los años que necesite para el techo de 6 años en esa domiciliaria morigerada en buenos aires, lo cual es la postal mas dura de un gobierno que no hace lo que dice, ni se dice lo que hace, pero muestra señales de una serie de asomborsas similitudes con el gobierno de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.-
