José Cáceres exige “disculpas públicas” por las cámaras halladas en despachos oficiales, apoyado en la reconstrucción periodística que señala que el sistema habría sido instalado en 2018 y desactivado en 2019. Pero el título real del escándalo es otro: Cáceres pide perdón por lo que pasa en una cámara, y no pide perdón por lo que pasó en su Cámara.
Y antes de que alguien intente correr el debate: esto no es una campaña a favor de Frigerio. Este medio lo cuestiona con dureza cuando hay transformaciones que no aparecen, cuando abundan medidas de maquillaje y reformas a media máquina. Justamente por eso molesta más: porque el peronismo podría plantarse con seriedad, pero aparece Cáceres a pedir “disculpas públicas” y lo único que genera es vergüenza ajena.
Si Cáceres quiere hablar de institucionalidad, que empiece por explicar lo que —según investigaciones periodísticas— funcionó en el Senado entrerriano como “mesa de dinero”: un circuito financiero interno, un “cambio” montado en oficinas públicas, en tiempos donde el país vivía restricciones cambiarias. Esa historia no la inventó un tuit: fue publicada como investigación y derivó en expedientes y menciones judiciales en notas posteriores. Y en ese universo aparecen los nombres que vos marcás: Lautaro Schiavoni (Prosecretaría) y Mauro Urribarri (Secretaría del Senado), mencionados en coberturas que los vinculan al clima y a los señalamientos del caso.
Después está el capítulo que el peronismo de aparato nunca quiere mirar de frente: los familiares. No hablamos de “errores administrativos”, hablamos de una cultura política. Hay publicaciones periodísticas que describen nombramientos y recategorizaciones al final de aquella gestión en el Senado, con decretos firmados por Cáceres y, según el caso, por Schiavoni o por Mauro Urribarri. Ahí figura, por ejemplo, la designación de Rita María Eva Cáceres por decreto con fecha retroactiva. Y también aparecen decretos firmados por Cáceres y Schiavoni favoreciendo al hijo mayor de Urribarri.
Otro párrafo inevitable: la “militancia”. La militancia de Cáceres —la que se ve y se padece— no es épica ni doctrina: es aparato rentado, batucada, grupos pagos para hacer bulto, y el “Grupo Paraná” como utilería de poder. Bombos para tapar gestión, fotos para simular calle, y contratos para aceitar la maquinaria. Esa es la degeneración: cuando el partido deja de ser comunidad política y se convierte en empresa de administración de cargos.
Y ahí entra el núcleo de la bronca social: la generación ñoqui. La provincia obligada a tragarse “talentos” cuyo único currículum es ser sobrino de alguien, vivir del Estado, cebar mate y mirar pasar la vida desde un escritorio que paga el contribuyente. Mientras la gente labura, el aparato cobra. Mientras el vecino ajusta, el aparato se blinda. Y después aparecen a pedir “disculpas públicas” como si fueran externos al desastre.
Por eso, exigir disculpas públicas por las cámaras es una escena de cinismo: estos tipos condenaron al peronismo a que gran parte de la sociedad lo perciba como una horda de ladrones. Si Cáceres quiere que alguien pida perdón, que arranque por lo más simple y lo más difícil: pedir perdón por lo que hicieron en la Cámara, por el Estado tomado por familias, por el aparato rentado y por la cultura del contrato como moneda política. Recién ahí —con vergüenza verdadera— puede hablar de disculpas ajenas.
Los dueños del SENADO de CACERES
